¿En qué va la parapolítica?

El presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, ha sido esencial en la investigación de la parapolítica. Foto: Felipe Caicedo / Cambio

(Página 1 de 2)

HAY EXTREMOS en la valoración del juicio a la parapolítica.  Hay quienes sostienen que el escándalo es cosa del pasado, que es necesario doblar esa página, que ya se hizo lo suficiente y es inconveniente seguir hurgando en los secretos que guardan políticos y paramilitares. Pero otros dicen que el fenómeno está igual,  o incluso más pujante, que no se ha hecho nada, que a los políticos investigados los están reemplazando otros iguales o peores, que pagarán unos poquitos y los peces grandes se escaparán.

En medio de estos extremos hay una realidad: 131 dirigentes políticos que son o fueron parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales o diputados, están mencionados en  los expedientes de la parapolítica. 60 son parlamentarios y 19 lo fueron, es decir, más de la mitad de los mencionados, lo cual indica la gran labor de la Corte Suprema de Justicia que se ha jugado todo su prestigio para llevar a juicio a los congresistas en ejercicio o para trasladar a la Fiscalía indicios que comprometen a algunos ex congresistas.

Con menos celeridad y eficacia la Fiscalía concentra su acción en los gobiernos departamentales y municipales donde hay miles de personas comprometidas.

No es fácil encontrar una palabra para calificar esta abultada cifra de parlamentarios. Asombrosa, aberrante, descomunal, podrían ser adjetivos para señalar el fenómeno. No falta mucho para corroborar la aseveración de Salvatore Mancuso de que los paramilitares controlaban el 35% del Congreso. Lo cierto es que este es el juicio mayor de la historia  colombiana.

Ahora bien, no todos los congresistas o ex congresistas están en este momento en las mismas condiciones. 20 se encuentran detenidos. Tres de ellos, Eric Morris, Alfonso Campo Escobar y Dieb Maloof, han sido condenados. Rocío Arias, que acaba de ser detenida, aceptó sentencia anticipada, decisión que también había tomado Campo Escobar. 13 congresistas han renunciado a su fuero y han optado porque su juicio pase a la Fiscalía.

La mayoría ya está vinculada formalmente a la investigación aunque todavía hay un buen número de llamados a versión libre o simplemente mencionados en las distintas declaraciones que han hecho los jefes paramilitares.

Los más escépticos con este proceso señalan que buena parte de las investigaciones se quedarán a medio camino, ya sea porque mediante argucias o presiones los imputados logren evadir la Justicia, o porque las limitaciones para recoger pruebas no permita avanzar hacia la etapa del juicio. En todo caso, no se puede descartar que algunos de los dirigentes políticos puedan demostrar su inocencia y denunciar acusaciones injustas.

Hacia el interior

Al principio las indagaciones se dirigieron hacia los dirigentes políticos de la Costa Atlántica y corrió la especie de que se trataba de una conspiración de los cachacos contra los costeños. Pero en los últimos meses, tanto  la acción de la Justicia como las denuncias de los medios han empezado a tocar a la mayoría de los departamentos del interior.

Han sido vinculados dirigentes políticos de Antioquia, donde se produjo un gran escándalo por el llamado a indagatoria del senador Mario Uribe, primo y compañero de lides políticas de toda la vida del Presidente de la República; de Santander, donde causó revuelo la vinculación de Luis Alberto Gil, jefe de Convergencia Ciudadana, con mucho poder en varias regiones; de Tolima, que ahora tiene en graves líos a Luis Humberto Gómez Gallo, notable político conservador; también de Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Boyacá, Meta, Casanare y Caquetá. Algunos medios de comunicación han empezado igualmente a dar despliegue a todas las sospechas que se tejen alrededor de Juan Carlos Martínez  en Valle y Cauca.

Este giro del proceso de la parapolítica va mostrando que tenían razón las investigaciones académicas cuando señalaban que, si bien la alianza entre paramilitares y políticos tuvo su epicentro en la Costa y en Antioquia, alcanzó a tocar a todo el país.

El gasto mayor en esta batalla por la democracia lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia que ha afrontado con especial entereza las más duras presiones, desde las declaraciones de muchos inculpados que han argumentado falta de garantías para sustentar la estrategia de llevar su juicio a la Fiscalía, hasta la acción del propio presidente Uribe que ha pasado de la confrontación verbal a las demandas sobre la cabeza de la Corte, César Julio Valencia, y sobre el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien coordina las investigaciones.