Enero 23 de 2008
¿En qué va la parapolítica?
El escándalo vuelve a agitarse con los nuevos fallos de la Corte Suprema y el enfrentamiento entre su presidente y Álvaro Uribe.
HAY EXTREMOS en la valoración del juicio a la parapolítica. Hay quienes sostienen que el escándalo es cosa del pasado, que es necesario doblar esa página, que ya se hizo lo suficiente y es inconveniente seguir hurgando en los secretos que guardan políticos y paramilitares. Pero otros dicen que el fenómeno está igual, o incluso más pujante, que no se ha hecho nada, que a los políticos investigados los están reemplazando otros iguales o peores, que pagarán unos poquitos y los peces grandes se escaparán.
En medio de estos extremos hay una realidad: 131 dirigentes políticos que son o fueron parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales o diputados, están mencionados en los expedientes de la parapolítica. 60 son parlamentarios y 19 lo fueron, es decir, más de la mitad de los mencionados, lo cual indica la gran labor de la Corte Suprema de Justicia que se ha jugado todo su prestigio para llevar a juicio a los congresistas en ejercicio o para trasladar a la Fiscalía indicios que comprometen a algunos ex congresistas.
Con menos celeridad y eficacia la Fiscalía concentra su acción en los gobiernos departamentales y municipales donde hay miles de personas comprometidas.
No es fácil encontrar una palabra para calificar esta abultada cifra de parlamentarios. Asombrosa, aberrante, descomunal, podrían ser adjetivos para señalar el fenómeno. No falta mucho para corroborar la aseveración de Salvatore Mancuso de que los paramilitares controlaban el 35% del Congreso. Lo cierto es que este es el juicio mayor de la historia colombiana.
Ahora bien, no todos los congresistas o ex congresistas están en este momento en las mismas condiciones. 20 se encuentran detenidos. Tres de ellos, Eric Morris, Alfonso Campo Escobar y Dieb Maloof, han sido condenados. Rocío Arias, que acaba de ser detenida, aceptó sentencia anticipada, decisión que también había tomado Campo Escobar. 13 congresistas han renunciado a su fuero y han optado porque su juicio pase a la Fiscalía.
La mayoría ya está vinculada formalmente a la investigación aunque todavía hay un buen número de llamados a versión libre o simplemente mencionados en las distintas declaraciones que han hecho los jefes paramilitares.
Los más escépticos con este proceso señalan que buena parte de las investigaciones se quedarán a medio camino, ya sea porque mediante argucias o presiones los imputados logren evadir la Justicia, o porque las limitaciones para recoger pruebas no permita avanzar hacia la etapa del juicio. En todo caso, no se puede descartar que algunos de los dirigentes políticos puedan demostrar su inocencia y denunciar acusaciones injustas.
Hacia el interior
Al principio las indagaciones se dirigieron hacia los dirigentes políticos de la Costa Atlántica y corrió la especie de que se trataba de una conspiración de los cachacos contra los costeños. Pero en los últimos meses, tanto la acción de la Justicia como las denuncias de los medios han empezado a tocar a la mayoría de los departamentos del interior.
Han sido vinculados dirigentes políticos de Antioquia, donde se produjo un gran escándalo por el llamado a indagatoria del senador Mario Uribe, primo y compañero de lides políticas de toda la vida del Presidente de la República; de Santander, donde causó revuelo la vinculación de Luis Alberto Gil, jefe de Convergencia Ciudadana, con mucho poder en varias regiones; de Tolima, que ahora tiene en graves líos a Luis Humberto Gómez Gallo, notable político conservador; también de Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Boyacá, Meta, Casanare y Caquetá. Algunos medios de comunicación han empezado igualmente a dar despliegue a todas las sospechas que se tejen alrededor de Juan Carlos Martínez en Valle y Cauca.
Este giro del proceso de la parapolítica va mostrando que tenían razón las investigaciones académicas cuando señalaban que, si bien la alianza entre paramilitares y políticos tuvo su epicentro en la Costa y en Antioquia, alcanzó a tocar a todo el país.
El gasto mayor en esta batalla por la democracia lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia que ha afrontado con especial entereza las más duras presiones, desde las declaraciones de muchos inculpados que han argumentado falta de garantías para sustentar la estrategia de llevar su juicio a la Fiscalía, hasta la acción del propio presidente Uribe que ha pasado de la confrontación verbal a las demandas sobre la cabeza de la Corte, César Julio Valencia, y sobre el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien coordina las investigaciones.
El enfrentamiento del Presidente de la República con la Corte Suprema se ha agudizado particularmente alrededor del caso de Mario Uribe. Fue en momentos en que la Corte se aprestaba a llamar a indagatoria al senador, cuando el magistrado Velásquez fue acusado de estar utilizando a alias Tasmania para comprometer al Presidente. Y ahora, cuando se acusa al magistrado Valencia por injuria y calumnia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de mayoría uribista, también está de por medio el senador Uribe.
Pero ha sido innegable el aporte en este juicio de los medios de comunicación, de universidades y ONG, de una franja de dirigentes políticos decentes que han visto una oportunidad para sacar la violencia y el narcotráfico de la política. Por otra parte, ha ido gestándose una solidaridad internacional con los organismos de Justicia que ha impedido deslegitimar sus actuaciones.
A medio camino
A pesar de estos avances, los pesimistas tienen algunas razones para dudar de que se va a llegar al fondo en las investigaciones y en el juicio a toda la dirigencia política regional y nacional que, en los últimos 10 años, se alió con los paramilitares para cambiar drásticamente el mapa político en 12 departamentos y hacer variaciones en todo el país.
El dato más negativo es que aún en las elecciones de octubre de 2007 cinco partidos -Colombia Democrática, Convergencia Ciudadana, Alas-Equipo Colombia, Colombia Viva y Apertura Liberal- que tienen la totalidad o la mayoría de sus parlamentarios presos o vinculados a los expedientes de la parapolítica, se dieron el lujo de avalar a más de 25.000 candidatos y obtener triunfos en varios departamentos. También muchos dirigentes de los demás partidos uribistas con procesos en curso continuaron interviniendo decisivamente en la política local.
Tampoco se ha podido desatar el nudo que une a los parlamentarios y políticos locales con miembros del alto gobierno para que salgan a la luz verdades dolorosas pero necesarias para el país. Los políticos y los paramilitares procesados esperan aún que la interferencia del Ejecutivo en las instancias judiciales los salve de las condenas o aminore las penas, y por eso son muy prudentes para develar lo que realmente ocurrió en estos años. Por ejemplo, sería muy útil que Rocío Arias cumpliera la palabra de contar todo, empezando por explicar cómo llegó el hoy Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, a Convergencia Popular Cívica -partido en el que ella militaba en compañía de Carlos Clavijo- y cuáles fueron las relaciones internas que se establecieron.
POR LEÓN VALENCIA,
fundación Nuevo Arco Iris.