Ex ministro Rafael Pardo Rueda propone establecer como delito la pertenencia a un grupo terrorista

Ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Chávez pidió sacar a las Farc de la lista de grupos terroristas. Foto: EFE

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LAS COSAS HAN LLEGADO a lo que se presumía que llegarían cuando Hugo Chávez llegó al poder. Sus declaraciones sobre la necesidad de reconocer que las Farc y el Eln son ejércitos rebeldes y no grupos terroristas, y su petición a los países latinoamericanos y a Europa de retirarles la calificación de terroristas, son delicadas y merecen no sólo un análisis cuidadoso sino, sobre todo, definir un camino que no menoscabe los intereses colombianos.

1. Revolución. En Venezuela ocurrió una verdadera revolución en el sentido político, es decir, un cambio del régimen dominante, una sustitución de élites. Surgió una nueva estructura de poder y una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Hay que distinguir entre el Socialismo del siglo XXI -caracterización debatible-, del proceso político que es de verdad revolucionario, aunque esta situación no ha sido adecuadamente leída por los líderes de opinión colombianos que siguen en la idea de que el chavismo es algo improvisado, en cierto modo folclórico, y lo simplifican como una expresión populista informe.

2. Proyecto coherente. Cuando Chávez llegó al poder fue evidente un alejamiento de posiciones con el Estado colombiano. Varias declaraciones del mandatario venezolano, aparentemente sueltas y en diversos momentos en los últimos nueve años, han ido mostrando las piezas del rompecabezas. Las diatribas contra la oligarquía bogotana en tiempos de Pastrana; las acusaciones a los santanderistas colombianos del asesinato de Bolívar; las referencias explícitas de líderes del chavismo a la traición que sufrió Bolívar en Colombia, y en Venezuela, por los regímenes que lo sucedieron, y la convicción de Chávez y sus seguidores de que su revolución derrotó al régimen que en Venezuela traicionó Bolívar y de que ese régimen sigue en el poder en Colombia, son elementos que sustentan la animadversión contra los gobiernos colombianos que, en su opinión, son gemelos de los gobiernos que ellos derrotaron. El régimen político colombiano vigente es gemelo del régimen del pacto de Punto Fijo que Chávez desmontó y derrotó.

El proyecto bolivariano de Chávez es afín a las Farc y al Eln no tanto porque esos movimientos usan el nombre del Libertador, sino porque los dos son revolucionarios y se autoproclaman como de izquierda.

3. Terrorismo y beligerancia. El presidente Chávez tocó ante la Asamblea Legislativa dos temas separados y con consecuencias bien distintas. Uno, la exclusión de las Farc de las listas de grupos terroristas. Otra, el reconocimiento de la condición de ejército rebelde con legitimidad, que es una especie de reconocimiento de beligerancia. 

4. Ejército rebelde: implicaciones. Reconocer a las Farc como ejército rebelde tendría consecuencias políticas y jurídicas. Políticas: implicaría tratarlas como Estado en formación, es decir, hacerles un cierto reconocimiento de legitimidad -el camino que recorrió la Organización para la Liberación de Palestina-. La pretensión es, en últimas, poner en plano de igualdad, para ciertos efectos de las relaciones internacionales, al Estado con el grupo rebelde. Jurídicas: podría concederles, entre otros derechos, el derecho de asilo a los miembros del grupo, la no extradición o deportación, privilegios diplomáticos e, incluso, otorgarles estatus de observador en la ONU. La figura de beligerancia no tiene un procedimiento establecido en la normas internacionales y es improbable que se de. Lo grave es que el jefe del Estado de Venezuela haya dado ese paso.

5. Estatus político vs. beligerancia. Tal vez por ignorancia, Chávez habló de beligerancia queriendo señalar que las Farc -como establecía la legislación colombiana antes de 2002, Ley 418- tienen estatus político para negociar. Eso sería otra cosa, pero el reconocimiento de estatus político como requisito para negociar fue eliminado en la Ley 782 de 2003 y ahora el Gobierno negocia con quien discrecionalmente decida, siempre que sean grupos armados según definiciones de ley.  "Se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas".(Parágrafo 1, artículo 8 de la Ley 782 prorrogada por Ley 1106 de 2006)

Con esta definición se negoció con las Auc y el Eln. Si el Gobierno, como ha propuesto, negocia con las Farc un acuerdo humanitario, ésta sería la consideración. Si esto era lo que Chávez quería decir, se equivocó de cabo a rabo e hizo evidente que ni él ni sus asesores conocen la legislación colombiana bajo la cual deben hacerse las negociaciones de paz.

6. Negociación vs. beligerancia. El Canciller de Venezuela ha dicho que negociar la paz con un grupo armado implica reconocerle beligerancia, e incluso dijo que el Estado colombiano les reconoció ese estatus al M-19 y al Epl al negociar con ellos. Fue todo lo contrario: la negociación fue para que terminaran el alzamiento y dejaran de ser grupo armado -no para que continuaran la lucha- y así ocurrió. Un Estado puede negociar el fin de la violencia con un grupo armado sin que implique reconocerles como un Estado contendiente. No puede justificarse la lucha armada para poder negociar como lo que insinúa el Canciller venezolano.