Esclarecimiento de 47 crímenes de sindicalistas alivia presiones internacionales

Foto: Felipe Caicedo / Cambio

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COLOMBIA FIGURA como el país más afectado en América Latina por el asesinato de dirigentes y activistas sindicales: 267 en los últimos cinco años. Por eso en varias oportunidades la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha contemplado la posibilidad de promover la instalación de la Comisión de Encuesta, una especie de veeduría especial para hacerle seguimiento a las naciones donde fenómenos como la violencia amenazan la estabilidad e integridad de los trabajadores.

La Unión Europea condiciona la cooperación a la forma como el Estado colombiano responde a la violación de los derechos humanos y en el caso de Estados Unidos, una eventual aprobación del TLC está condicionada por los demócratas al hecho de que Colombia logre mejores resultados en la protección de esos derechos, en especial en lo que se refiere a los sindicalistas.

Como parte de una estrategia de Estado para hacerle frente a las presiones internacionales, la Fiscalía creó unidades especiales de investigación de los crímenes de los sindicalistas y el genocidio de dirigentes y activistas de la Unión Patriótica. Y pesar de las críticas, los bemoles, la resistencia y escepticismo con respecto a la Ley de Justicia y Paz, ésta se ha convertido en aliada de la causa. Las versiones de los paramilitares desmovilizados han contribuido a esclarecer en el último año 47 casos de asesinatos de sindicalistas. Un hecho que la Fiscalía destacará en un documento que prepara para la OIT. "Mostraremos resultados concretos con la bien fundada esperanza de que se atenúen las presiones y de que la comunidad internacional recobre la confianza en nuestra Justicia", dijo uno de los expertos que trabaja en el tema.

CAMBIO consultó los casos que servirán de materia prima para el informe, habló con fiscales de la Unidad de Justicia y Paz y familiares de las víctimas, y reconstruyó la memoria de algunos de los casos más representativos.

Mentiras y vídeo

"A José Luis Guette Montero no lo dimos de baja por sindicalista, sino por guerrillero", dijo José Gregorio Mangonez Lugo, Carlos Tijeras, ante la fiscal de Justicia y Paz que adelantó la audiencia donde hizo el inventario de sus crímenes. Y con la misma naturalidad confesó haber participado en el "seguimiento de inteligencia" previo al homicidio y haberse percatado de que la víctima quería poner a Sintrainagro, la más influyente organización sindical de la zona bananera de Magdalena, al servicio de la guerrilla.

Además, agregó que en una ocasión en que visitó a Guette con el pretexto de que estaba interesado en el negocio del banano, se dio cuenta de que el sindicalista era enemigo de las Auc y proclive a la guerrilla. Y dijo que existía un video -ni él ni ningún paramilitar lo ha mostrado- en el que, según Tijeras, el dirigente obrero aparece reunido en la finca La California con Guillermo Molina, un supuesto enlace de las Farc. "Por todo eso acepto mi responsabilidad en ese homicidio", dijo Tijeras, y mencionó como miembros del comando criminal a Kalimán, Rodrigo, El Viejo y Alonso.

Entre las víctimas que seguían la audiencia por circuito cerrado de televisión, había un familiar de Guette. "Este tipo no debería llamarse Tijeras, sino Guadaña por la cantidad de vidas de inocentes que segó en la zona bananera", le comentó al representante de una ONG.

La viuda de Guette aceptó la recomendación de la Fiscalía de enviarle a Mangonez preguntas que sirvieran para precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen. Y lo hizo no sólo para confirmar los autores del asesinato de su esposo, sino para mostrar las contradicciones y mentiras del hombre que no sólo había participado en el crimen, sino que había querido desacreditarlo.

Guette fue baleado en Ciénaga, Magdalena, por dos sicarios que se movilizaban en moto, el 24 de enero de 2001. Después de enterrarlo, su viuda y sus cinco hijos partieron hacia Santa Marta, donde han vivido de la mano de Dios. No obstante, ella siente que ha recibido la mejor parte de la compensación que esperó tanto tiempo: la verdad.

Paquete chileno

Un expediente hechizo les sirvió a los paramilitares de pretexto para asesinar a Ángel Gabriel Castellón de la Hoz, miembro del sindicato y portero del Hospital de Barranquilla, el 18 de octubre de 2004.  El teniente (r) del Ejército, Édgar Ignacio Torres Fierro Flórez -más conocido como Don Antonio y encargado del famoso computador de Jorge 40- admitió ante la Fiscalía que un "informe de inteligencia" sin verificar le sirvió para autorizar el crimen. Relató que un tal Blas, del frente José Pablo Díaz de las Auc, le entregó un paquete de fotografías del frente 37 de las Farc, en las que supuestamente aparecía Castellón, a quien señalaba de ser el encargado del manejo de explosivos para la guerrilla. Dijo que no abrió el sobre en ese momento y que lo hizo después de ejecutado el crimen. "Abrí el paquete con las fotos y vi que ahí no aparecía la persona señalada como objetivo militar -dijo Don Antonio en la audiencia- Por eso, señora fiscal, acepto plenamente mi responsabilidad".