Esclarecimiento de 47 crímenes de sindicalistas alivia presiones internacionales

(Página 3 de 3)

"Anótemelos a mí" 

Durante la última fase de su versión libre, Don Antonio, el hombre del computador de Jorge 40, decidió hacer una especie de reconocimiento de una larga lista de hechos criminales en su zona de influencia. Cuando recibió una serie de preguntas y una lista con nombres de sus posibles víctimas dijo: "Todos ellos murieron en la zona donde operaba el bloque José Pablo Díaz y como yo era su comandante asumo las culpas".

En el listado que el desmovilizado consultó con detenimiento estaban, entre otros, los nombres del abogado laboralista Miguel Antonio Espinosa Rangel, asesinado el 30 de julio de 2004, mientras veía un partido de fútbol por televisión; Elías Enrique Durán Rico, dirigente sindical de Barranquilla, muerto a tiros cuando salió a mirar quién estaba arrojando piedras contra su casa; José Guillermo Larios, profesor de un presbiterio en la capital de Atlántico, y los trabajadores Juan Antonio Montiel Jiménez y Nadín Narváez Cepeda.

Este es apenas una muestra dentro de una amplia vitrina de confesiones que,  al margen de las dudas que dejan, le ha permitido al Estado colombiano cumplir poco a poco con su misión de desentrañar una verdad histórica sobre uno de los mayores karmas para el país en el campo de la violación de derechos humanos: el asesinato de dirigentes y activistas sindicales.

EL EXTERMINIO DE LA UP

Edison Cifuentes Hernández, Richard, jefe militar del bloque Guaviare, abrió las puertas para que paramilitares confesaran el aniquilamiento de dirigentes y activistas de la Unión Patriótica, movimiento político legal surgido tras los acuerdos con las Farc en el Gobierno de Belisario Betancur.

Cifuentes dijo ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que en 1992 recibió la misión de iniciar "el exterminio de la UP" con la famosa masacre de Caño Sibao, en la zona rural de Granada, Meta. El 3 de junio de ese año fueron asesinados cinco dirigentes de la UP: los alcaldes entrante y saliente de El Castillo y tres miembros del gabinete municipal.

El paramilitar admitió su responsabilidad en los hechos y además dio nombres de funcionarios y de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el exterminio del grupo político, que son mantenidos en reserva mientras los investigadores de la Fiscalía hacen las verificaciones necesarias. Según las previsiones iniciales, el proceso de Justicia y Paz ha contribuido a esclarecer no menos de 50 asesinatos de miembros de la UP.

11 EX JEFES PARAMILITARES han hecho un mea culpa en relación con desapariciones y muertes de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.