Esclarecimiento de 47 crímenes de sindicalistas alivia presiones internacionales

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Agitador de masas

El 11 de noviembre de 2003, en medio de un ambiente de mentiras, desinformación y cacería de brujas, fue asesinado Emerson José Pinzón Pertuz, ex dirigente sindical del sector salud. Previamente a la ejecución del crimen, el director del Hospital de Ciénaga, Jaime Sánchez Maldonado, le montó una persecución laboral.  Pinzón, que había sido jefe de servicios generales y había representado a los trabajadores en la negociación de un pliego de peticiones, fue descendido al cargo de camillero y luego trasladado como celador de la entrada principal del hospital.

Pinzón, que se había convertido en una especie de consultor natural de trabajadores y empleados de la salud que a menudo lo buscaban para que los asesorara sobre cómo reclamar y hacerse respetar sus derechos, soportó con estoicismo la situación, los panfletos que lo acusaban de servir a "las causas de la subversión y el terrorismo" y las amenazas de muerte hasta que finalmente fue eliminado.

La orden de ejecutarlo fue de José Gregorio Mangonez Lugo, Carlos Tijeras. Él mismo confesó el hecho ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz y dijo que lo hizo porque Pinzón era miembro del brazo político del frente Francisco José Castaño de las Farc y porque era "un agitador de masas que durante unos combates contra la subversión en el cerro Corea protegió con escudos humanos a un núcleo guerrillero que estaba aniquilado".

¿En la lista?

El mismo día del asesinato de Pinzón, los paramilitares también mataron a Zully Esther Codina Pérez, comunicadora social y dirigente sindical y quien vivía en el mismo barrio de Pinzón. Hernán Giraldo, jefe del bloque Tayrona de las Auc, admitió en la versión libre que sus hombres ejecutaron el crimen.

Sin embargo, el caso aún no está cerrado. La Fiscalía General de la Nación indaga si la sindicalista figuraba en una lista que, según Rafael García-ex jefe de Informática del DAS hoy preso en La Picota-, el entonces director del organismo Jorge Noguera -también preso por cargos de concierto para delinquir y fraude a resolución judicial- entregó a paramilitares para hacer "una purga de dirigentes sindicales".

Celada

Las familias de los trabajadores de la Electrificadora del Caribe, Diesmar Alonso Amador Tapias, Manuel Guerra Baena, Israel Picón Sánchez, Alirio Triana Mahecha y Gustavo Isaac Sánchez, desaparecidos en noviembre de 2001, se enteraron la semana pasada de que José Gregorio Mangonez, Carlos Tijeras, había ordenado asesinarlos.

Tijeras relató en la versión libre que sus hombres les tendieron una celada a las víctimas, según él, "después de comprobar que ellos le llevaban suministros a la guerrilla". Él mismo se encargó de reportar un supuesto daño en las redes de la zona de Tucurinca, Magdalena, y cuando llegaron los trabajadores, hombres con uniformes de campaña los llevaron hasta la finca La Posa. Un año después, el carro que usaban apareció enterrado y según Tijeras en su interior fueron encontrados cartuchos con municiones, versión que los familiares de las víctimas calificaron como traída de los cabellos.

Razones políticas

Según desmovilizados del bloque Norte de las Auc, desmovilizados del Eln también tienen su cuota de responsabilidad en la sangrienta persecución a profesores y sindicalistas en épocas recientes. Dicen los desmovilizados que los ex elenos les ayudaron a señalar "objetivos militares", entre ellos el profesor Heberto de Jesús Fiholl Pacheco, docente del colegio San José de Pueblo Viejo, de Ciénaga.

"Ese señor subía a la sierra a dictarles cátedra a los patrulleros del Eln -dijo ante un fiscal Carlos Tijeras-. Eso me lo dijeron los propios elenos que se fueron conmigo... Acepto el cargo de homicidio agravado". La versión de las familias de las víctimas y de la propia administración de Justicia es distinta. Aseguran que los elenos nada tienen que ver y fueron los paramilitares los asesinos, porque a raíz de su participación en la campaña para la Alcaldía de Ciénaga de Rafael Palacio Blanco,  contradictor de los candidatos apoyados por los paramilitares, el profesor Fiholl empezó a recibir de ellos amenazas de muerte.