En 2008 será el principio del fin de la era Uribe y la transición hacia un horizonte imprevisible
Chávez y Sarkozy integran una dupla a favor del acuerdo humanitario que presionará con fuerza a Álvaro Uribe. Foto: AFP
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EL ANUNCIO DEL PRESIDENTE Uribe de no aspirar a la segunda reelección definió el panorama político para el año 2008. Será el año del principio del fin de la era Uribe en el Gobierno y la transición hacia un horizonte todavía imprevisible. Y va a ser un cambio muy trascendente. Quizá el propio presidente Uribe no sea consciente de que haberle puesto fecha de vencimiento a su Gobierno va a implicar grandes quiebres de lo que era su gestión gubernamental y sobre todo muchos traumatismos.
El primer punto de quiebre interno será político. La incorporación en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, del proyecto de ley que modifica el artículo 340 del Código Penal que adiciona la calificación de concierto para delinquir simple al delito de pertenencia a grupo armado -de manera que los 19.000 paramilitares desmovilizados puedan acogerse a los beneficios del Art. 69 de la Ley de Justicia y Paz-, se convierte en la prueba de acidez que le permitirá al Gobierno saber qué tan sólido es el apoyo que mantiene en Senado y Cámara. "No es solo un proyecto mío, es un proyecto de Uribe, que se ha jugado por él", ha dicho el Ministro de Interior como para reafirmar el carácter estratégico de esa aprobación.
El problema para el Gobierno está en que, ante la perspectiva de la renuncia del presidente Uribe a su segunda reelección, los comportamientos de los partidos y movimientos de la coalición de Gobierno van a cambiar sustancialmente. Mientras que los jefes de bancada que tienen aspiraciones presidenciales forzarán a sus correligionarios a tomar cada vez mayor distancia frente al paramilitarismo, los que están más interesados en la participación burocrática aprovecharán la coyuntura para aumentar sus aspiraciones de ayuda del Gobierno a cambio de sus votos. Todo parece indicar que al Gobierno le va a costar mucho resolver ese problema.
Las presiones de los jefes paramilitares y los congresistas detenidos por parapolítica por una legislación que los favorezca van a configurar un escenario difícil de manejar para el Gobierno. La discusión en torno a las fórmulas de sedición política o el concierto para delinquir simple puede tener el efecto indeseable de que en el exterior se interprete como un esfuerzo desmedido del Gobierno para favorecer a los senadores y representantes detenidos por vínculos con el paramilitarismo.
En este escenario, la discusión sobre la reforma política, particularmente la reforma del Congreso, se convertirá en el punto que concentre las tensiones y conflictos de la agenda legislativa entre el Gobierno y el Congreso. El asunto es simple. El proyecto de reforma política al proponer fórmulas como aumentar la proporción del umbral exigido para llegar al Congreso del 2% a 5% del total de la votación se constituye en un elemento clave para la institucionalización y consolidación de los partidos políticos, sobre todo de los grandes partidos.
El Presidente ha entendido que es tan importante el proyecto para los parlamentarios, que no va a desaprovechar el margen de maniobra que le deja la discusión de un acto legislativo -la reforma política- que va a determinar el futuro de la política en Colombia. Quizá por eso ya produjo el primer sacudón al proponer que la composición del Senado se distribuya en 32 senadores elegidos por circunscripción departamental y 70 por circunscripción nacional. Los parlamentarios entendieron el mensaje y saben que si quieren controlar los cambios en el Congreso van a tener que negociar algunas cosas con el propio Presidente.
El segundo punto de quiebre lo aportará el avance del proceso judicial contra la parapolítica. Fuentes judiciales indican que para 2008 la información acumulada y el trabajo adelantado por la Corte Suprema de Justicia permitirá la vinculación de una veintena más de congresistas para llegar a cerca de 50 senadores y representantes vinculados a procesos judiciales relacionados con el paramilitarismo o la guerrilla, en tanto que el trabajo de la Fiscalía General de la Nación llevará a las primeras vinculaciones y capturas de militares y empresarios que auspiciaron o se favorecieron de los delitos cometidos por los grupos armados.
Ante la expectativa de la no reelección presidencial, esas nuevas vinculaciones van a profundizar el doble efecto político e institucional devastador que en 2007 comenzó a mostrarse. Primero, hará visibles puntos de asociación que se produjeron en algunas partes del país entre la acción de los grupos paramilitares y los resultados de la política de seguridad democrática, socavando su credibilidad y efectividad como política pública. Y segundo, evidenciará los puntos fuera de control del proceso en los que las amenazas de muerte a jueces y fiscales crearon un clima de zozobra e inestabilidad. Qué paradoja. La captura y juzgamiento de políticos, empresarios y militares vinculados a grupos armados, que a la luz de los observadores internacionales no es otra cosa que un resultado exitoso y conveniente para el fortalecimiento de la democracia colom biana, para un gobierno que cruza el umbral que lo pone con el sol a las espaldas, termina convertido en un factor de presión política permanente y en una fuente de erosión de su legitimidad.
