Diciembre 27 de 2007
En 2008 será el principio del fin de la era Uribe y la transición hacia un horizonte imprevisible
EL ANUNCIO DEL PRESIDENTE Uribe de no aspirar a la segunda reelección definió el panorama político para el año 2008. Será el año del principio del fin de la era Uribe en el Gobierno y la transición hacia un horizonte todavía imprevisible. Y va a ser un cambio muy trascendente. Quizá el propio presidente Uribe no sea consciente de que haberle puesto fecha de vencimiento a su Gobierno va a implicar grandes quiebres de lo que era su gestión gubernamental y sobre todo muchos traumatismos.
El primer punto de quiebre interno será político. La incorporación en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, del proyecto de ley que modifica el artículo 340 del Código Penal que adiciona la calificación de concierto para delinquir simple al delito de pertenencia a grupo armado -de manera que los 19.000 paramilitares desmovilizados puedan acogerse a los beneficios del Art. 69 de la Ley de Justicia y Paz-, se convierte en la prueba de acidez que le permitirá al Gobierno saber qué tan sólido es el apoyo que mantiene en Senado y Cámara. "No es solo un proyecto mío, es un proyecto de Uribe, que se ha jugado por él", ha dicho el Ministro de Interior como para reafirmar el carácter estratégico de esa aprobación.
El problema para el Gobierno está en que, ante la perspectiva de la renuncia del presidente Uribe a su segunda reelección, los comportamientos de los partidos y movimientos de la coalición de Gobierno van a cambiar sustancialmente. Mientras que los jefes de bancada que tienen aspiraciones presidenciales forzarán a sus correligionarios a tomar cada vez mayor distancia frente al paramilitarismo, los que están más interesados en la participación burocrática aprovecharán la coyuntura para aumentar sus aspiraciones de ayuda del Gobierno a cambio de sus votos. Todo parece indicar que al Gobierno le va a costar mucho resolver ese problema.
Las presiones de los jefes paramilitares y los congresistas detenidos por parapolítica por una legislación que los favorezca van a configurar un escenario difícil de manejar para el Gobierno. La discusión en torno a las fórmulas de sedición política o el concierto para delinquir simple puede tener el efecto indeseable de que en el exterior se interprete como un esfuerzo desmedido del Gobierno para favorecer a los senadores y representantes detenidos por vínculos con el paramilitarismo.
En este escenario, la discusión sobre la reforma política, particularmente la reforma del Congreso, se convertirá en el punto que concentre las tensiones y conflictos de la agenda legislativa entre el Gobierno y el Congreso. El asunto es simple. El proyecto de reforma política al proponer fórmulas como aumentar la proporción del umbral exigido para llegar al Congreso del 2% a 5% del total de la votación se constituye en un elemento clave para la institucionalización y consolidación de los partidos políticos, sobre todo de los grandes partidos.
El Presidente ha entendido que es tan importante el proyecto para los parlamentarios, que no va a desaprovechar el margen de maniobra que le deja la discusión de un acto legislativo -la reforma política- que va a determinar el futuro de la política en Colombia. Quizá por eso ya produjo el primer sacudón al proponer que la composición del Senado se distribuya en 32 senadores elegidos por circunscripción departamental y 70 por circunscripción nacional. Los parlamentarios entendieron el mensaje y saben que si quieren controlar los cambios en el Congreso van a tener que negociar algunas cosas con el propio Presidente.
El segundo punto de quiebre lo aportará el avance del proceso judicial contra la parapolítica. Fuentes judiciales indican que para 2008 la información acumulada y el trabajo adelantado por la Corte Suprema de Justicia permitirá la vinculación de una veintena más de congresistas para llegar a cerca de 50 senadores y representantes vinculados a procesos judiciales relacionados con el paramilitarismo o la guerrilla, en tanto que el trabajo de la Fiscalía General de la Nación llevará a las primeras vinculaciones y capturas de militares y empresarios que auspiciaron o se favorecieron de los delitos cometidos por los grupos armados.
Ante la expectativa de la no reelección presidencial, esas nuevas vinculaciones van a profundizar el doble efecto político e institucional devastador que en 2007 comenzó a mostrarse. Primero, hará visibles puntos de asociación que se produjeron en algunas partes del país entre la acción de los grupos paramilitares y los resultados de la política de seguridad democrática, socavando su credibilidad y efectividad como política pública. Y segundo, evidenciará los puntos fuera de control del proceso en los que las amenazas de muerte a jueces y fiscales crearon un clima de zozobra e inestabilidad. Qué paradoja. La captura y juzgamiento de políticos, empresarios y militares vinculados a grupos armados, que a la luz de los observadores internacionales no es otra cosa que un resultado exitoso y conveniente para el fortalecimiento de la democracia colom biana, para un gobierno que cruza el umbral que lo pone con el sol a las espaldas, termina convertido en un factor de presión política permanente y en una fuente de erosión de su legitimidad.
Hasta aquí, los factores internos darían suficientes elementos para mostrar cuán traumática puede llegar a ser la transición hacia la era post-Uribe. Sin embargo, hay otros factores que concurren desde el exterior, en estrecha relación con problemas nacionales, para anticipar dos frentes adicionales de conflagración política que van a afectar todavía más las condiciones de gobernabilidad en 2008.
Por una parte, están las presiones políticas que la comunidad internacional ha comenzado a ejercer sobre el Gobierno para que llegue a un acuerdo con las Farc en la creación de las condiciones políticas y de seguridad para la liberación de los secuestrados. Se trata, sin duda, de un frente que será cada vez más crítico para el presidente Uribe en la medida en que le reduce márgenes de maniobra para actuar en el proceso de negociación. Y ya no sólo se trata de presiones que simplemente busquen forzar el inicio de las negociaciones. En las nuevas condiciones creadas por los anuncios de liberación unilateral de secuestrados por parte de la guerrilla, las convocatorias o invitaciones que se cruzan distintos jefes de Estado para que intervengan como garantes de la liberación o intermediarios de los guerrilleros, están comenzando a mostrar que el problema se salió de las manos del Gobierno colombiano.
Como si esas presiones no fueran suficientes, aparecen por otra parte las de los empresarios colombianos con inversiones en Venezuela para que el presidente Uribe redefina los términos de su confrontación con Chávez y abra de una vez por todas las puertas al diálogo de manera que no se afecten las relaciones comerciales. Dirán que, al fin y al cabo, en año y medio se va y que son más de 2.500 productos colombianos que se venden en Venezuela y más de 4.000 millones de dólares que se podrían afectar con las decisiones que llegue a tomar el presidente Chávez en represalia por las actuaciones del mandatario colombiano.
Si el año 2007 fue difícil para el presidente Uribe, las perspectivas que ofrece el 2008 no son mejores. La explosión de muchos frentes de conflagración a la vez ha comenzado a desbordar la capacidad de reacción del Gobierno para atenderlos y apagarlos. El anuncio de su no reelección ha desatado nuevas tensiones y conflictos que se expresan de manera muy subterránea, produciendo una serie de sacudones que debilitan todavía más la capacidad gubernamental para controlar las crisis y comienzan a consumir tiempo precioso que el Presidente debía dedicar a asuntos más trascendentes
El 2008 será el año en que las aspiraciones presidenciales van a llevar irremediablemente a pugnas internas que restablezcan los equilibrios partidistas. En este año asumen los poderes territoriales que ganaron en octubre pasado los partidos Liberal y Conservador, que van a forzar cambios en las dirigencias y sobre todo en las posiciones políticas. Y el Polo debe hacer valer los 700.000 votos que obtuvo fuera de Bogotá y que van a ser definitivos para emprender el crecimiento que necesita su aspiración de llegar al Gobierno. Entramos en una época en que cada quien debe comenzar a moverse con sus propias electores y sin los favores de un presidente que copó el escenario político, impuso la agenda de preocupaciones públicas, concentró las decisiones políticas y subordinó la acción de las entidades públicas a los dictados de su conveniencia y su intuición política.
POR PEDRO MEDELLÍN TORRES,
analista político.