Diciembre 12 de 2007
Alcalde de Cartagena acelera negocios con terrenos públicos para beneficiar a familiares y amigos
EL 1º DE AGOSTO pasado, cuando Herlém Rodríguez Núñez trabajaba para remplazar un vetusto bohío por una casa de material en su finca La Muñeca -o Farallones Dos-, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, a orillas del mar Caribe, un piquete de la Policía irrumpió sorpresivamente, destruyó parte de la obra, recogió los materiales de construcción y los cargó en un carro de la Alcaldía de Cartagena que esperaba a la entrada del predio.
El delegado de la Personería, Carlos Quintero, que había presenciado los hechos sin inmutarse, cuando se dio cuenta de que un vecino estaba grabando la acción de los policías que, además, intentaban llevarse a Rodríguez, hizo el amago de intervenir para impedirlo pero luego abandonó el lugar y dejó toda la responsabilidad en manos del inspector de Policía del lugar, Luis Carlos López Posso.
El episodio, que podría haber pasado como un proceso de desalojo, va mucho más allá y compromete al Alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara. El inspector López admite que dio la orden de desalojo y que ordenó la captura Rodríguez sin tener facultades para ello, y en una conversación grabada por uno de los abogados del caso a la que CAMBIO tuvo acceso dice: "Me tocó hacerlo porque me lo ordenó el Alcalde y porque no quiero perder el puesto". Además, tras insistentes preguntas sobre el tema, no niega que en el carro de la Alcaldía llevaron los materiales decomisados hasta la finca de Curi, a pocos metros del predio de Rodríguez.
Esta conversación, el video del desalojo y testimonios de vecinos, además de documentos oficiales, indican que Curi está empeñado en que el predio de tres hectáreas, avaluado en 950 millones de pesos, quede en poder de su hija Gloria Patricia Curi Osorio. La familia del Alcalde ha movido influencias en círculos administrativos y judiciales para "recuperar" el predio, situado en una las zonas de mayor valorización por su potencial turístico.
Tras consultar archivos notariales y de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, lo mismo que el expediente del caso, periodistas de CAMBIO encontraron evidencia de que los Curi ocultaron la existencia de la escritura No. 3.476 -registrada en la Notaría Tercera- que demuestra que el predio fue vendido en 1987 por Cecilia Osorio de Curi -primera esposa del Alcalde y madre de Gloria Patricia- a dos ciudadanos españoles: Manuel Queiro Queiro y Manuel Secundino García Caro.
En su lugar, los Curi presentaron copia de una resolución según la cual el Incora habría declarado el predio como baldío en 1994 y lo habría adjudicado a la señora Osorio de Curi. Expertos consultados por CAMBIO sostienen que es absurdo que un predio sea declarado baldío cuando existe título de propiedad registrado.
Una maniobra similar fue hecha por el hoy Alcalde a finales de los años 90 con el fin de hacerse a la hacienda La Arabia: un gerente regional del Incora, socio y amigo suyo, la declaró terreno baldío. Cuando en 1999 Curi fue a la cárcel por irregularidades en su primera administración, estaba en marcha un proceso penal relacionado con este caso y pese a que estaba llamado a juicio lo dejaron prescribir.
Para completar el cuadro, el Tribunal Superior de Cartagena revocó hace poco una decisión del Juzgado Octavo Civil del Circuito que reconocía a Harlem Rodríguez como dueño de La Muñeca. En 1987, Rodríguez fue encargado por Queiro y García de la custodia y manejo del predio y, desde entonces y después de la muerte de los españoles a mediados de los 90, ejerció la posesión del bien y cumplió los requisitos legales para que le fuera titulado a su nombre.
Pero el Tribunal ni ordenó el desalojo del bien, ni reconoció a la hija del Alcalde, Gloria Patricia, como la nueva dueña. Pese a ello, no sólo el inspector López ordenó el desalojo y la detención de Rodríguez, según él, por orden del Alcalde y a su vez éste ha presentado a su hija como dueña única del predio a potenciales compradores.
Acelerador a fondo
El caso de La Muñeca es apenas la punta del iceberg. Tras numerosas consultas hechas en Cartagena con fuentes del Concejo y del Consejo Gremial, y en Bogotá con el Consejo de Estado, el Incoder, la Procuraduría y la Contraloría, CAMBIO encontró que, a menos de 20 días de dejar el cargo, el alcalde Curi aceleró un plan para escriturar a nombre de empresarios amigos suyos y de su hijo Javier -radicado en Miami-, bienes que les pertenecen a habitantes de la Zona Norte, un sector de cerca de 32 kilómetros cuadrados entre el aeropuerto de Crespo y Galerazamba, en límites con Atlántico, donde están algunas de las playas más bellas de la región.
Según algunas fuentes, en las negociaciones figuran dos firmas, Sociedad Uniconic S.A. e Incivial S.A., que hacen parte de las inversiones de Édgar Mauricio Botero Henao, empresario que tuvo la franquicia de Miss Mundo Colombia y quien tiene negocios con Javier Curi. Estas dos sociedades, cuyo representante legal es Luis Fernando Mejía Rivera, a comienzos de la segunda administración de Curi compraron en Arroyo Grande un predio de 70 hectáreas, algo retirado de la playa, pero lograron extenderlo con la asesoría de abogados expertos en Derecho Civil mediante sucesivas aclaraciones de linderos. La compañía de seguridad privada que cuida el predio cercó 549 hectáreas y prohibió el acceso.
El Alcalde inició las maniobras de "legalización" de terrenos en diciembre de 2006, cuando el Concejo aprobó el Acuerdo 30 que lo facultaba para disponer de tierras baldías cedidas por la Nación al Distrito de Cartagena. Así, el 27 de abril de este año, mediante la resolución No. 0361, Curi reconoció a Uniconic S.A. e Incivial S.A. como "ocupantes" de seis lotes baldíos en Arroyo Grande, con cerca de 70.000 metros cuadrados de playa, y se los vendió en algo más de 788 millones de pesos, un precio que expertos en finca raíz consideran muy bajo. Pero nadie objetó el avalúo hecho por Héctor Jiménez Vanegas. Para rematar, Curi aceptó que los compradores pagaran con un lote de sólo dos hectáreas en Punta Canoa.
Juego doble
En resumen, las empresas de Botero Henao se quedaron con valiosos lotes sobre el mar Caribe -donde desarrollarán el complejo turístico Golden Beach-, en abierta violación de los derechos de quienes exhibieron en vano títulos de propiedad de terrenos como Las reinas, Sueños de la Virgen, Las Playas, Punta de los Meros, Costa de Morgan y Arenas de Fátima.
Otra de las sorpresas que encontró CAMBIO es que los empresarios amigos de Curi, de sus hijos Martha y Javier, y de su yerno William Montes -detenido por presuntos vínculos con paramiliatres- hicieron maniobras ante entidades públicas para obtener los terrenos. Por un lado, buscaron que los lotes fueran declarados baldíos para comprárselos luego al Distrito de Cartagena en condiciones favorables. Y por otro, acudieron al Consejo de Estado para demandar a la Nación porque supuestamente la Armada Nacional y otras entidades oficiales les habían perturbado el uso y disfrute de esos bienes.
Esto significa que para la negociación con la Alcaldía de Cartagena eran tierras baldías, pero bienes con títulos de propiedad para la demanda ante el Consejo de Estado. Un contrasentido.
Pero lo más grave es que la división jurídica de Incoder considera que la declaratoria de baldío fue ilegal, como ilegal la venta de esas tierras a particulares, lo cual demostrará ante el Consejo de Estado que tiene en sus manos el expediente del proceso, No. 20050074-20050053.
El zarpazo a valiosas tierras del Distrito de Cartagena incluye también la llamada "privatización de playas de Bocagrande", denunciada por Mónica Fadul, presidenta del Consejo Intergremial de Cartagena, y la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial que declaró de utilidad pública la zona de Bazurto, donde empresarios que apoyaron la elección de Curi quieren construir 945 apartamentos.
¿Y la Justicia? Por lo pronto parece rezagada frente a un tema que es vox populi. Aunque tarde y cojeando, los cartageneros de bien esperan que llegue.
CURI SE DEFIENDE
Para defenderse de las críticas de quienes lo llaman "privatizador de playas", el Alcalde dice que se ha limitado aplicar la Ley 768 para desarrollar los inmensos recursos turísticos de la ciudad. "No he parcelado ningún territorio ni lo he entregado para el uso y disfrute exclusivo de alguien ¿dice¿. Playas bien organizadas, con marinas y modernas vías de acceso serán de beneficio común".
Sobre la disputa que su familia tiene con Herlem Rodríguez por la posesión del predio La Muñeca y sobre la operación ilegal de desalojo ordenada por un Inspector de Policía, dijo: "Debemos dejarlo en manos de la Justicia".
Y en cuanto a los interrogantes de CAMBIO sobre la venta de terrenos en Arroyo Grande a las firmas Uniconic e Incivial, asegura que hizo lo que permite la ley y que el avalúo está dentro de los márgenes consagrados en las normas que amparan la declaratoria de bienes baldíos. Aseguró que "el negocio fue altamente técnico" y remitió a los periodistas al abogado Giovanni Torregrosa, asesor jurídico de la Alcaldía, quien sostuvo que el negocio fue hecho "dentro del principio de rescatar para la Nación amplios terrenos baldíos que carecían de utilidad pública".
Según el asesor, en el último momento la Alcaldía encontró inconveniente recibir como pago de los terrenos un lote de dos hectáreas y por eso organizó el plan de pagos para que las dos firmas interesadas pagaran en efectivo. "Una de las condiciones para la venta de los baldíos fue que los compradores desistieran de la demanda que presentaron contra la Nación", dijo, pero admitió desconocer si el desistimiento se dio.
Curiosamente, Torregrosa ha sido asesor del proyecto turístico Golden Beach, liderado por Uniconic e Incivial, y a pesar de las sospechas que esto despierta sostiene que no cree tener impedimento ético "Sólo me limitó a presentar conceptos técnicos cuando una y otra parte -Alcaldía y compradores- lo requirieron", afirmó.