Alcalde de Cartagena acelera negocios con terrenos públicos para beneficiar a familiares y amigos

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Pero el Tribunal ni ordenó el desalojo del bien, ni reconoció a la hija del Alcalde, Gloria Patricia, como la nueva dueña. Pese a ello, no sólo el inspector López ordenó el desalojo y la detención de Rodríguez, según él, por orden del Alcalde y a su vez éste ha presentado a su hija como dueña única del predio a potenciales compradores.

Acelerador a fondo

El caso de La Muñeca es apenas la punta del iceberg. Tras numerosas consultas hechas en Cartagena con fuentes del Concejo y del Consejo Gremial, y en Bogotá con el Consejo de Estado, el Incoder, la Procuraduría y la Contraloría, CAMBIO encontró que, a menos de 20 días de dejar el cargo, el alcalde Curi aceleró un plan para escriturar a nombre de empresarios amigos suyos y de su hijo Javier -radicado en Miami-, bienes que les pertenecen a habitantes de la Zona Norte, un sector de cerca de 32 kilómetros cuadrados entre el aeropuerto de Crespo y Galerazamba, en límites con Atlántico, donde están algunas de las playas más bellas de la región.

Según algunas fuentes, en las negociaciones figuran dos firmas, Sociedad Uniconic S.A. e Incivial S.A., que hacen parte de las inversiones de Édgar Mauricio Botero Henao, empresario que tuvo la franquicia de Miss Mundo Colombia y quien tiene negocios con Javier Curi. Estas dos sociedades, cuyo representante legal es Luis Fernando Mejía Rivera, a comienzos de la segunda administración de Curi compraron en Arroyo Grande un predio de 70 hectáreas, algo retirado de la playa, pero lograron extenderlo con la asesoría de abogados expertos en Derecho Civil mediante sucesivas aclaraciones de linderos. La compañía de seguridad privada que cuida el predio cercó 549 hectáreas y prohibió el acceso.

El Alcalde inició las maniobras de "legalización" de terrenos en diciembre de 2006, cuando el Concejo aprobó el Acuerdo 30 que lo facultaba para disponer de tierras baldías cedidas por la Nación al Distrito de Cartagena. Así, el 27 de abril de este año, mediante la resolución No. 0361, Curi reconoció a Uniconic S.A. e Incivial S.A. como "ocupantes" de seis lotes baldíos en Arroyo Grande, con cerca de 70.000 metros cuadrados de playa, y se los vendió en algo más de 788 millones de pesos, un precio que expertos en finca raíz consideran muy bajo. Pero nadie objetó el avalúo hecho por Héctor Jiménez Vanegas. Para rematar, Curi aceptó que los compradores pagaran con un lote de sólo dos hectáreas en Punta Canoa.

Juego doble

En resumen, las empresas de Botero Henao se quedaron con valiosos lotes sobre el mar Caribe -donde desarrollarán el complejo turístico Golden Beach-, en abierta violación de los derechos de quienes exhibieron en vano títulos de propiedad de terrenos como Las reinas, Sueños de la Virgen, Las Playas, Punta de los Meros, Costa de Morgan y Arenas de Fátima.

Otra de las sorpresas que encontró CAMBIO es que los empresarios amigos de Curi, de sus hijos Martha y Javier, y de su yerno William Montes -detenido por presuntos vínculos con paramiliatres- hicieron maniobras ante entidades públicas para obtener los terrenos. Por un lado, buscaron que los lotes fueran declarados baldíos para comprárselos luego al Distrito de Cartagena en condiciones favorables. Y por otro,  acudieron al Consejo de Estado para demandar a la Nación porque supuestamente la Armada Nacional y otras entidades oficiales les habían perturbado el uso y disfrute de esos bienes.

Esto significa que para la negociación con la Alcaldía de Cartagena eran tierras baldías, pero bienes con títulos de propiedad para la demanda ante el Consejo de Estado. Un contrasentido.

Pero lo más grave es que la división jurídica de Incoder considera que la declaratoria de baldío fue ilegal, como ilegal la venta de esas tierras a particulares, lo cual demostrará ante el Consejo de Estado que tiene en sus manos el expediente del proceso, No. 20050074-20050053.

El zarpazo a valiosas tierras del Distrito de Cartagena incluye también la llamada "privatización de playas de Bocagrande", denunciada por Mónica Fadul, presidenta del Consejo Intergremial de Cartagena, y la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial que declaró de utilidad pública la zona de Bazurto, donde empresarios que apoyaron la elección de Curi quieren construir 945 apartamentos.

¿Y la Justicia? Por lo pronto parece rezagada frente a un tema que es vox populi. Aunque tarde y cojeando, los cartageneros de bien esperan que llegue.

CURI SE DEFIENDE

Para defenderse de las críticas de quienes lo llaman "privatizador de playas", el Alcalde dice que se ha limitado aplicar la Ley 768 para desarrollar los inmensos recursos turísticos de la ciudad. "No he parcelado ningún territorio ni lo he entregado para el uso y disfrute exclusivo de alguien ¿dice¿. Playas bien organizadas, con marinas y modernas vías de acceso serán de beneficio común".