A GUSTAVO DÍAZ, El Loco, un asiduo visitante del aeropuerto El Caraño de Quibdó, la idea de reformar el viejo terminal lo entusiasma porque en 40 años nadie le ha metido mano. "Está que se cae", dice.
El Caraño, lo mismo que el aeropuerto de Rionegro, el Olaya de Medellín, y los de Carepa, Corozal y Montería, hacen parte de la concesión que el Gobierno piensa adjudicar en febrero como parte de una estrategia para dejar en manos privadas la administración, operación y mantenimiento de los aeropuertos. Según la Aeronáutica Civil, los seis terminales registran al año 128.660 operaciones, mueven 3,4 millones de pasajeros y más de 155.000 toneladas de carga. El año pasado sus ingresos operacionales fueron de 54.000 millones de pesos.
La idea del Gobierno es entregar los seis aeropuertos a un solo concesionario por un máximo de 25 años. "Puede ser menos, pero es seguro que no será más -asegura Fernando Sanclemente, director de Aerocivil-. Todo depende del tiempo en que el concesionario recupere la inversión". El adjudicatario deberá invertir 200 millones de dólares y, a diferencia de Eldorado, que ha servido de base para el proceso de concesiones aeroportuarias, el Estado no recibirá el 46,16% de los ingresos anuales, sino sólo el 19%. "Es otro esquema porque de los seis aeropuertos para entregar en concesión, sólo los de Medellín y Rionegro dan ganancia -agrega Sanclemente-. Por eso la oferta debe ser más atractiva". La licitación se cierra el 17 de diciembre y hasta ahora han comprado pliegos cinco empresas.
Pero estos seis aeropuertos no son los únicos que quedarán en manos del sector privado. En 2008 también serán adjudicadas las terminales de Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta y Valledupar. El Gobierno definió esta semana la banca de inversión que establecerá las condiciones y las características del proceso.
Los peros
Lo que para Aerocivil pinta bien, para algunos expertos no es tan claro. Y la razón principal es que de los 75 aeropuertos que administra la Aeronáutica, sólo seis dan resultados y son los que estarían privatizados el próximo año. En plata blanca, no habría más carne para poner en el asador, sólo quedaría los huesos. "Es preocupante que las cosas buenas, las que producen, son las que privatizan -dice Luis Rodríguez, analista económico y experto en concesiones-.
"Para las terminales deficitarias no hay un plan concreto y real que busque salvarlas".
A juicio de los expertos, otro gran problema es que en su afán de desprenderse de terminales aéreas, el Gobierno puede echar mano de cualquier propuesta sin darle mayor importancia a los recursos que la empresa concesionaria le genere al Estado. En la próxima adjudicación, por ejemplo, el Estado recibirá menos de la mitad de lo que va a percibir por Eldorado. "Es un mal antecedente para negocios futuros -sostiene el asesor económico Carlos Sánchez-. Además, en el proceso no están valorando factores importantes como los buenos índices económicos del país, la tasa de crecimiento superior al 6%, un clima de inversión adecuado y un marco regulatorio estable".
Tampoco es claro por qué los últimos dos aeropuertos productivos del país, Rionegro y El Olaya, van a quedar en manos de un solo operador. Podrían entregarse a empresas diferentes y generar más recursos. "Si nos quejamos tanto de que no quedan aeropuertos rentables, ¿por qué meter en la misma bolsa a dos buenos?", se pregunta Rodríguez y añade que lo mejor sería que "cada uno tuviera colgados aeropuertos deficitarios para que el negocio fuera realmente óptimo".
El Gobierno dice que continuará con el modelo de concesiones pero las terminales que quedan son las que producen pérdidas y no hay experiencias exitosas en este campo. La única que se conoce es la de Perú, donde entregaron un paquete de 12 aeropuertos deficitarios pero cuyos resultados aún no se pueden medir porque el proceso es muy reciente. Por ahora, hay más interrogantes que respuestas y, sobre todo, muchas, muchas dudas.