Notarios inhabilitados se presentaron a concurso de méritos
El concurso para notarios está en entredicho por razones legales y éticas.
(Página 1 de 2)
SI EL CÓDIGO PENAL se cumpliera al pie de la letra, cerca del 7% de los notarios podría ir a la cárcel: 59 de los 864 notarios que integran la nómina actual de los llamados "guardianes de la fe pública" se presentaron al concurso de méritos con la aspiración de no perder su "chanfa", pese a que sanciones disciplinarias y administrativas los inhabilitaban para hacerlo.
El asunto no es menor. Según el decreto 3454 de 2006, que fijó las reglas para el concurso, el sólo hecho de inscribirse significaba que los aspirantes, bajo la gravedad del juramento, afirmaban estar libres de impedimentos para ejercer el cargo. Si mentían, incurrían en los delitos de falsedad y fraude procesal, por tratar de inducir a engaño a los encargados de calificarlos.
Según una investigación de la Procuraduría, de los 59 notarios inhabilitados 35 ya habían sido llamados a entrevista, prueba final del concurso, antes de que la juez cuarta administrativa de Ibagué, Clara Deisy Ubaque Roa, decidiera suspenderlo por posibles anomalías en el proceso. Los 35 hacen parte de una lista de los 679 llamados a entrevista.
Las inhabilidades de los notarios tienen que ver con conductas que van desde la autenticación de documentos viciados, hasta la retención ilegal de dineros correspondientes al cobro del IVA que no fueron girados oportunamente a la DIAN. Y a las inhabilidades comprobadas por la Procuraduría se sumaban otras irregularidades que afectaban la transparencia y neutralidad del concurso de méritos. Como lo reveló CAMBIO en octubre pasado, algunos notarios lograron puntajes adicionales mediante la presentación de libros de dudosa calidad que no fueron registrados en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Por otra parte, el gremio consiguió que el Gobierno y el Consejo Superior de la Carrera Notarial modificaran las reglas con el inocultable propósito de cerrarles el paso a nuevos aspirantes. Por ejemplo, el puntaje máximo para que un aspirante fuera incluido en la lista de elegibles era inicialmente de 70 puntos y fue rebajado a 60, lo cual hizo posible que cerca de 500 de los 710 notarios actuales que se presentaron al concurso pasaran las pruebas de conocimiento.
Por si fuera poco, los notarios se convirtieron en jueces y parte a la hora de calificar las pruebas, ya que dos de ellos se reservaron el derecho de hacer las entrevistas a colegas que los habían elegido a ellos como sus representantes en el Consejo Superior de la Carrera. Esa tarea de entrevistadores y evaluadores la venían cumpliendo Álvaro Rojas Charry, notario 37 de Bogotá, y Jaime de Jesús Rivera Duque, notario 15 Medellín. Ellos dos eran eventualmente remplazados por sus colegas Eduardo Cataño Sierra, notario segundo de Armenia, y Lucía Mejía Zuluaga, notaria séptima de Medellín.
En su examen de fondo al problema, el organismo de control señaló: "Podría afirmarse que la discusión es inane en cuanto el decreto 960 de 1970 es expreso en disponer que los notarios tienen sus representantes en el consejo Superior y más allá de la función pretendida por la norma está su contenido literal. Pero ese criterio no es admisible a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, en cuanto construyó nuestra arquitectura normativa con riguroso sistema de valores, principios y preceptos que obran como fundamento regulador de nuestras relaciones jurídicas".
Y agregó la Procuraduría: "La intervención apunta a que se decrete una medida cautelar que, al paso que garantice la realización de la entrevista y la culminación del concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad y el acceso a la carrera notarial, prevenga una eventual transgresión de los principios que rigen la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, no obstante la inexistencia de impedimento legal expreso de los notarios miembros del Consejo Superior para llevar a cabo dicha prueba".
