Noviembre 21 de 2007
Nuevas órdenes de captura a jefes paramilitares
La orden para Chepe Barrera es una advertencia contra jefes paramilitares que buscaban eludir la obligación de confesar. Fiscalía reconstruye su historia criminal.
JOSÉ MARÍA, EL CHEPE Barrera, considerado el decano de los jefes paramilitares del Magdalena, dio por saldadas sus cuentas con la sociedad el 4 de diciembre de 2004, cuando se desmovilizó en una finca de su propiedad, la misma en la que tres meses atrás lo habían sorprendido tropas del Ejército en posesión de un arsenal.
Barrera, de 71 años, aceptó ir transitoriamente al centro de La Ceja, Antioquia, donde inicialmente fueron concentrados los comandantes de las Auc que depusieron las armas. Sin embargo, cuando el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, hizo la lista de los "elegibles" para acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, Barrera le pidió que no lo pusiera en ella. "No tengo nada que confesar", le dijo Barrera. El Gobierno anunció luego que consultaría los bancos de datos judiciales para verificar si El Chepe tenía órdenes captura o causas pendientes, y en cuestión de horas lo dejó en libertad y le otorgó una especie de indulto administrativo.
Pero la semana pasada, cuando el asunto parecía olvidado, la Fiscalía ordenó su captura por el cargo de homicidio y aceleró un proceso de extinción de dominio de 21 bienes suyos y de sus familiares, porque consideró que fueron adquiridos con dineros derivados de actividades delictivas. Un equipo de fiscales de Justicia y Paz y de las unidades de Derechos Humanos y de Lavado de Activos trabajó durante más de un año para reconstruir la historia criminal de un hombre que sembró el terror en Magdalena y Bolívar, al mando del grupo Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla San Fernando.
Los hallazgos del equipo de fiscales más seis procesos penales por diversos delitos contradicen a funcionarios del Gobierno que en diciembre de 2004 certificaron que no tenía problemas judiciales, lo mismo que a quienes en la ceremonia de desmovilización presentaron a Barrera como un campesino que había decidido empuñar las armas para proteger su pequeño patrimonio del asedio de la guerrilla.
Aparte de los 21 bienes, cuyo valor supera los 14.000 millones de pesos, fueron congeladas sus cuentas bancarias en Bucaramanga, Santa Marta y algunas poblaciones de Magdalena. Barrera usó una red de testaferros para ocultar buena parte de su fortuna y, sin embargo, en su última declaración de renta conocida, la de 2004, reportó un patrimonio líquido superior a 2.208 millones de pesos. Diez de los bienes que hoy son materia de procesos de extinción, están en Santa Ana y son tierras de actividad pecuaria; ocho más pertenecen a Plato y el resto a Pijiño del Carmen, todos municipios del Magdalena.
A rendir cuentas
La orden de captura y otros documentos conocidos por CAMBIO constituyen una advertencia para aquellos jefes paramilitares a quienes el Gobierno, a la luz de la Ley 782 que prorrogó la vigencia del Estatuto de Orden Público, los aceptó como desmovilizados y les concedió un beneficio similar al de Barrera porque aseguraron que, aparte del delito de sedición, no tenían más para confesar. Entre ellos están Pedro Oliveiro Guerrero, Cuchillo, jefe del bloque Guaviare; Ovidio Isaza, hijo de Ramón Isaza, y Mc. Giver, yerno de este último. La Fiscalía les dictó orden de captura.
En plata blanca, esto quiere decir que en la lista de los 2.695 desmovilizados susceptibles de recibir los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz no están todos los que son. Para complicar las cosas, 2.346 no tenían órdenes de captura, lo que quiere decir que sólo había procesos contra 350. Pero la paciente búsqueda realizada por los fiscales en el último año elevó el número a 731.
Así las cosas, el esfuerzo hecho por los fiscales de Justicia y Paz y de las unidades de Derechos Humanos y de Lavado de Activos podría disminuir el impacto que tendría en la opinión el hecho de que la mayoría de los jefes paramilitares sólo podrán ser condenados por un máximo de ocho años de prisión. En otras palabras, podría atenuar los efectos de eso que los defensores de la Ley de Justicia y Paz llaman "dosis inevitable de impunidad" para que un proceso como este llegue a buen puerto.
HERENCIA MALDITA
Las acciones de extinción de dominio emprendidas por la Fiscalía contra El Chepe Barrera afectarán también a su hijo, el ex diputado de la Asamblea de Magdalena Juan Francisco Barrera Prada, quien también se desmovilizó el 24 de diciembre de 2004, y a otros miembros de su sociedad familiar.
Se trata, en total, de 21 predios rurales en el departamento del Magdalena, dos apartamentos y dos bodegas situados en Bucaramanga y de una empresa comercializadora registrada con la razón social Marval S.A.
Al justificar su decisión de disponer el embargo, secuestro suspensión del poder adquisitivo de bienes y otros activos a nombre de Martha Rocío Barrera, otra de las hijas del jefe 'para, la fiscalía observó: "La adquisición de los bienes que se encuentran en cabeza de ella se realizó con producto de las actividades ilícitas desplegadas por su padre. Es claro que ella no contaba con capacidad económica suficiente para realizar negociaciones significativas, toda vez que registra únicamente actividad laboral a partir del año inmediatamente anterior (2005). Fácil resulta colegir, en consecuencia, que la actividad reportada de cría de ganado vacuno, en relación con la señora Martha Rocío Barrera Ortiz en la Central de Información Financiera (Cifin), era desarrollada con recursos suministrados enteramente por su padre".