La escogencia del magistrado para remplazar a Mauro Solarte en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en una partida de póker jurídico y político.
LA ESCOGENCIA del magistrado para remplazar a Mauro Solarte en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, proceso que empieza esta semana, se ha convertido en una partida de póker jurídico y político en la que están en juego múltiples intereses. El magistrado será vital en el proceso de la parapolítica y de sus decisiones dependerá la suerte de los congresistas detenidos por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
No obstante, el asunto ha pasado prácticamente desapercibido, contrario a lo que ocurrió hace algunos meses cuando el alto tribunal seleccionó a los reemplazos de Marina Pulido de Barón y Álvaro Pérez, también de la Sala Penal, que acaparó la atención de los medios.
En esta oportunidad, de 61 aspirantes inscritos, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura remitió una lista de 15 candidatos para que la Corte elija al nuevo magistrado, y a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez las sorpresas corrieron por cuenta de los que sonaban pero fueron excluidos de la lista. El caso que más llamó la atención fue el del magistrado auxiliar de la Sala Penal, Iván Velásquez Gómez, coordinador de la comisión que investiga la parapolítica y quien fue protagonista de un enfrentamiento con el presidente Álvaro Uribe, que lo señaló de fraguar un complot en su contra. Para ello se basó en el testimonio de un paramilitar conocido como Tasmania, que dijo que el magistrado le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de incriminar al Jefe del Estado en un acto criminal.
Por esta razón, su descabezamiento fue interpretado como un favor del Consejo Superior al Presidente, en detrimento de la legítima aspiración del magistrado auxiliar de hacer parte de la Sala Penal.
Apuestas y padrinos
Conocida la lista de los 15 seleccionados, comenzaron las conjeturas sobre quién podría ser el nuevo magistrado, su orientación jurídica y política. Fuentes cercanas al Palacio de Justicia aseguran que, por ejemplo, la candidata favorita del Consejo Superior de la Judicatura es la abogada Flor Alba Torres Rodríguez, la única aspirante que ha sido incluida tres veces consecutivas en la lista de posibles magistrados titulares: fue candidata para reemplazar a Édgar Lombana, a Álvaro Pérez y ahora a Mauro Solarte.
Pero el hecho de que Torres Rodríguez sea la candidata del Consejo Superior, no le asegura la elección. Varios sondeos hechos por CAMBIO con miembros del alto tribunal, indican que los aspirantes Agustín García, Alberto Hernández, Fernando Maldonado y Max Flórez llevan cierta ventaja, pues según miembros de la corporación "tienen muy buenos padrinos en la Sala Penal".
Para la elección del nuevo magistrado, la Sala Penal escoge dos o tres nombres de los 15 de la lista y los postula para que la Sala Plena escoja a uno de ellos. Si ninguno obtiene 16 de los 23 votos de la Sala Plena, la Sala Penal tiene dos opciones: insistir en los mismos postulados o presentar nuevos nombres.
Este sistema hace que un magistrado de la Sala de Casación se apersone de una candidatura, que la apadrine. "Por eso no hay magistrado sin padrino", le dijo a CAMBIO un magistrado auxiliar. Los motivos del apadrinamiento van desde la simpatía personal y los favores debidos, hasta pulsos políticos y de poder tanto fuera como dentro de la Corte. Curiosamente, casi nunca juegan las cualidades jurídicas, pues se supone que todos los de la lista las tienen.
En cuanto a padrinazgos, en los corrillos de la Corte sostiene que Flórez y García son candidatos de Yesid Ramírez, ex presidente de la corporación y con quien por lo general votan Jorge Luis Quintero Milanés y Javier Zapata. Hernández, por su parte, podría tener el apoyo incondicional de Augusto Ibáñez. De Maldonado se rumora que su soporte es Alfredo Gómez Quintero, quien hace bloque con Julio Enrique Socha Salamanca y al que eventualmente podría sumársele Ibáñez Guzmán. Pero también, el magistrado Sigifredo Espinosa que está distanciado de Ramírez, aunque también es un hecho notorio que su disgusto con el Presidente, su amigo personal y quien, en medio del enfrentamiento con el magistrado auxiliar Velásquez, lo señaló públicamente de haberle solicitado un favor para un familiar.
Conocedores de los intríngulis de la Corte consultados por CAMBIO estiman que Hernández y Maldonado, ex magistrados del Tribunal de Bogotá, tienen ventaja porque cuentan con el respaldo de antiguos miembros de ese tribunal que ahora son magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, hay factores que juegan en su contra: Hernández está pensionado y Maldonado no podría completar el periodo de ocho años porque está a punto de cumplir 60 años y la edad de retiro es 65 años.
Pero los conocedores de los procesos electorales internos de las altas cortes coinciden en afirmar que el azar también cuenta en la elección del nuevo magistrado de la Sala Penal por falta de reglas claras y de la tradicional hipocresía con que se maneja en el tema, pues ningún magistrado es capaz ni de comprometerse abiertamente con un candidato ni de oponerse.
Por eso juegan con las cartas tapadas. Pero no sólo eso. En este juego de poderes inciden factores externos a la Sala Penal y a la propia Corte Suprema de Justicia. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía terminan influyendo de forma decisiva en la elección por cuenta de los múltiples recomendados, casi todos familiares, que cada magistrado tiene en esos órganos de control.
Así las cosas, la selección del nuevo magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema parece más un sofisticado juego de póker en el que la carta ganadora será determinante para definir la suerte de la parapolítica, el mayor escándalo de los últimos años y cuyo desarrollo tiene en vilo al país.