EL 1º DE NOVIEMBRE, el ex presidente del Seguro Social Guillermo Fino, respiró tranquilo en la sala de su casa. Ese día, el Tribunal Superior de Armenia lo exoneró de los delitos de cohecho impropio y celebración indebida de contratos, cargos por los cuales había sido condenado a siete años de cárcel por haber exigido una comisión a la firma alemana Fresenius Medical Care para la prestación de servicios médicos y quirúrgicos a pacientes con insuficiencia renal.
En el fallo a favor de Fino, el magistrado John Jairo Cardona consideró que en el expediente no existía certeza jurídica de que él hubiera cometido una conducta delincuencial y le otorgó el beneficio de la duda.
El primero en pronunciarse por la sorpresiva decisión fue el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien aseguró que era necesario conocer la decisión para evaluar la viabilidad de presentar un recurso extraordinario de casación, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia enmendaría los eventuales errores cometidos por el Tribunal de Armenia.
Apelación en camino
La Procuraduría, que en una dura decisión inhabilitó a Fino por 12 años para desempeñar cargos públicos, fue más allá. El viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau anunció la apelación del fallo y se fue lanza en ristre contra el Tribunal, al que acusó de no estar preparado para abordar procesos de esta envergadura. Gómez aseguró que la decisión es contradictoria si se tiene en cuenta que durante el proceso contra Fino fueron recaudadas numerosas evidencias que no dejaban duda de su responsabilidad.
Uno de los señalamientos más contundentes contra el ex presidente del ISS fue la declaración de Rodrigo Díaz Sendoya, ex presidente de Fresenius Medical Care, quien reconoció la entrega a Fino de más de 6.000 millones de pesos a través de cheques girados contra cuentas bancarias de esa multinacional. Además, la Fiscalía y la Procuraduría tuvieron en cuenta la declaración del arquitecto Jesús Antonio Buriticá, quien le entregó a Fino el dinero girado por Díaz Sendoya.
No obstante, para el Tribunal del Quindío las confesiones de Díaz y Buriticá no fueron suficientes para probar la culpabilidad de Fino. "No entiendo cuál es la prueba que necesitaba ese Tribunal, dijo a CAMBIO un funcionario de la Procuraduría que conoció de cerca el proceso. Es el primer caso en que un presidente de una compañía confiesa haber entregado dinero a cambio de un contrato. Además, existen documentos y otros testimonios que no dejan duda de la culpabilidad del ex presidente del Seguro Social".
Aún así, Fino tendrá que esforzarse para convencer a la Corte Suprema de Justicia de su inocencia. Pero esto no significa que esté libre de apremios porque ahora deberá enfrentar un viejo proceso que cursa en su contra en la Fiscalía por lavado de activos.