Duros de sacar
La Dirección de Estupefacientes enfrenta 40 procesos de familiares de narcos que se niegan a desocupar bienes confiscados.
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EN OCTUBRE DE 1999 la Fiscalía inició en firme el proceso de extinción de dominio de buena parte de los bienes del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria y de su hermano Roberto, El Osito. Por esa vía fueron ocupadas decenas de propiedades en Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero, donde la familia había concentrado buena parte de su riqueza.
En desarrollo de esas operaciones los fiscales llegaron hasta el Motel Arizona, cerca a Manizales, Caldas, propiedad del Osito. El inmueble fue entregado a la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, que de inmediato se lo entregó en depósito a la empresa Don Aseo Ltda. para no interrumpir su funcionamiento.
Sin embargo, cuando estaban en el proceso de entrega se encontraron con la sorpresa de que el lugar estaba ocupado por Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Osito, quien les anunció a los fiscales y a los delegados de la DNE que desde hacía años había sido contratado por su padre para manejar el sitio y que por ello no estaba dispuesto a abandonarlo.
Desde entonces, la DNE ha interpuesto todo tipo de recursos jurídicos para lograr que Escobar desocupe el negocio. Imposible. Por el contrario, Escobar contraatacó y el 23 de marzo de 2006 interpuso una millonaria demanda contra la DNE en el Juzgado Laboral del Circuito de Manizales, con el argumento de que la entidad había dejado de pagarle sueldos, primas y vacaciones por su trabajo como gerente del Motel.
El caso sigue su curso en los despachos judiciales y la DNE se verá forzada a demostrar que Escobar no tiene derechos sobre los recursos del Estado. Pero este no es el único caso que enfrentan los funcionarios de la DNE. La entidad ha puesto en marcha un plan de contingencia para detener al menos 40 demandas provenientes de familiares de grandes capos del narcotráfico que se niegan a entregar importantes propiedades.
A través de diversas estrategias jurídicas, familiares de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela le solicitaron a la entidad que les permita continuar habitando lujosos apartamentos confiscados en el Valle. Por ejemplo, se niegan a desocupar una casa en el barrio El Limonar, en Cali, donde actualmente viven algunos nietos de Gilberto Rodríguez; al mismo tiempo, Amparo Arbeláez, ex esposa de Miguel Rodríguez, se niega a entregar una casa en el lujoso sector de Los Faroles de Cali.
Otros descendientes de la familia Rodríguez han solicitado mantener bajo su tutela fincas, sociedades y apartamentos a través de lo que ellos llaman "Medios de Vida", es decir, con el argumento de que es su único medio de subsistencia.
La DNE enfrenta también procesos con algunos parientes del confeso narcotraficante Alberto Orlandez Gamboa, El Caracol, entre ellos, su esposa y cuatro hermanos que se niegan a desocupar cinco apartamentos en Barranquilla.
De la misma manera, la entidad se ha visto forzada a interponer recursos contra Juan Pablo Perafán Alzate -heredero del extraditado capo Justo Pastor Perafán-, quien ocupa el apartamento 1102 del edificio Torres del Castillo en Medellín. Lo mismo ocurre con María Teresa Mata, familiar del capo hondureño Ramón Mata Ballesteros, que mantiene en su poder un apartamento en el norte de Bogotá.
Por el momento la DNE está dispuesta a dar la pelea. Para ello ha integrado un comité de apoyo legal que ya inició ante la Fiscalía procesos contra más de 40 personas a quienes acusa de lavado de activos, fraude a resolución judicial y perturbación en propiedad ajena.
El caso no es de poca monta pues se trata de bienes incautados a la mafia que hacen parte de procesos judiciales aún no culminados y por ley no pueden entregados a particulares para su uso. "En ocasiones la ley se muestra ambigua y por eso los herederos de narcotraficantes han podido evitar su expulsión de algunas propiedades -le dijo a CAMBIO un funcionario de la DNE-. Sin embargo, estamos pegados al Código Penal para resolver este asunto que hasta ahora no se muestra nada fácil".
COCA EN EL INNOVATOR
En julio pasado, luego de ocupar los bienes del empresario Gonzalo Howard Davis en la isla de San Andrés, la Dirección Nacional de Estupefacientes nombró como depositario provisional de esas propiedades -entre ellas cinco embarcaciones que transportan mercancía y alimentos entre el archipiélago y Cartagena-, a Edison Hawkins Trespalacios, un experto en derecho marítimo.
