Octubre 31 de 2007
La vista gorda
Fiscales colombianos subestiman el caso de Chiquita Brands y exoneran a aliados de la multinacional y de las Auc.
LA FISCALÍA de Estados Unidos probó que entre 1997 y 2004 la compañía bananera Chiquita Brands hizo 105 pagos por 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia. Sus agentes investigaron con paciencia de relojero en las redes de sistemas y archivos documentales de la compañía y encontraron que algunas cuotas fueron giradas después de que las Auc fueran declaradas "organización terrorista internacional" por el Gobierno de George Bush, el 10 de septiembre de 2001.
También comprobaron que el 20 de febrero de 2003, una firma de abogados del distrito de Columbia, contratada por Chiquita como asesora externa, pidió a la empresa suspender los pagos "directos o indirectos" a los paramilitares porque, según la ley, se trataba de una acción ilegal. La recomendación fue reiterada en dos memorandos enviados a la junta directiva, uno el 23 de febrero y otro el 10 de mazo de ese año. Luego el consejo fue más radical: vender la empresa y salir de Colombia.
Las recomendaciones fueron desatendidas durante más de un año y los desembolsos siguieron haciéndose por medio de la empresa colombiana Bananos de Exportación S.A., Banadex, principal proveedora de Chiquita en Urabá. A su vez, Banadex pagaba a los paramilitares a través de la convivir Papagayo y contablemente registraba los pagos como cuotas de seguridad.
La historia completa está en el expediente abierto por la Corte del Distrito de Columbia, cuya copia traducida llegó hace poco a Colombia. Las pruebas allí consignadas son el fundamento de la multa por 25 millones de dólares impuesta a Chiquita Brands por el Departamento de Estado en julio pasado. Una decisión cuestionada por las autoridades colombianas con el argumento de que el dinero de la multa debía ir al Fondo de Reparación de las víctimas del terror impuesto por las Auc en Urabá.
No obstante, el crujir de dientes y las vestiduras rasgadas fueron sólo para ganar aplausos de la galería, pues la verdad es que en Colombia el caso de Chiquita Brands fue subestimado por la Justicia y lo más grave es que aliados de la multinacional y de los paramilitares fueron exonerados de responsabilidad.
Aliados
La Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín confirmó el pasado 6 de septiembre una providencia del fiscal 54 delegado ante los juzgados penales de la ciudad, que se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el empresario bananero Felipe Arcesio Echeverri Zapata, investigado por estafa y constreñimiento ilegal.
Echeverri y Raúl Hazbun, también empresario bananero, fueron denunciados por un grupo de campesinos y pequeños productores de Turbo por el cobro, mediante presión de paramilitares, de más de 480 millones de pesos por el derecho a trabajar unas tierras que aparecían como propiedad de Echeverri y Hazbun, pero que en realidad pertenecían a la Nación. Entre esas tierras estaba el predio La Niña, en la vereda California, donde Banadex producía el banano que luego vendía a Chiquita Brands. Por cada caja de banano de exportación, pagaban en promedio cuatro centavos de dólar a los paramilitares.
Los nexos de empresarios bananeros con los paramilitares fueron confirmados por Salvatore Mancuso, quien en su versión ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz se refirió a Hazbún como "un gran aliado" de las autodefensas en la región.
Por eso resulta aún más sospechoso que la investigación adelantada por el fiscal 54 delegado ante los juzgados penales de Medellín, pasara por alto la resolución No.1316 del 22 de junio de 1999, mediante la cual el Incora declaró la extinción del dominio del predio La Niña a la sociedad Emilio Hazbun S.A. en C., decisión que fue confirmada por la resolución No. 01890 del 24 de septiembre de 2001.
El fiscal asegura que tomó la decisión de no dictar medida de aseguramiento contra el empresario bananero, porque no encontró indicios de que en las tierras que aparecían a nombre de Echeverri y Hazbún en la vereda California se hubiera cometido algún delito. Dijo que, a lo sumo, el asunto sería de competencia de la Justicia Civil.
En su providencia no hizo mención de los desplazamientos forzados por los paramilitares ni de los actos de violencia allí perpetrados. Y pasó por alto un hecho significativo: que en diciembre de 2004, en esas tierras de la vereda California, se dio la desmovilización del bloque bananero de las Auc, lo que confirmaba la influencia de los paramilitares en esa zona.
Hasta el momento no se conoce que el Gobierno haya emprendido acciones para recuperar esas tierras cuya verdadera dueña es la Nación, y nadie ha mostrado interés o preocupación por los desplazados que presentaron prueba de los pagos hechos de buena fe a los empresarios que representaban los intereses de Chiquita Brands y que luego se convirtieron en dueños de los activos de la compañía en Colombia. Por eso, ante la indiferencia y la negligencia de la Justicia colombiana, han decidido buscar asesoría jurídica para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por ese camino, la justicia colombiana seguirá perdiendo soberanía y enviado al mundo el mensaje de que es prácticamente incapaz de castigar los más sensibles casos de violaciones a los derechos fundamentales.