La vista gorda

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El fiscal asegura que tomó la decisión de no dictar medida de aseguramiento contra el empresario bananero, porque no encontró indicios de que en las tierras que aparecían a nombre de Echeverri y Hazbún en la vereda California se hubiera cometido algún delito. Dijo que, a lo sumo, el asunto sería de competencia de la Justicia Civil.

En su providencia no hizo mención de los desplazamientos forzados por los paramilitares ni de los actos de violencia allí perpetrados. Y pasó por alto un hecho significativo: que en diciembre de 2004, en esas tierras de la vereda California, se dio la desmovilización del bloque bananero de las Auc, lo que confirmaba la influencia de los paramilitares en esa zona.

Hasta el momento no se conoce que el Gobierno haya emprendido acciones para recuperar esas tierras cuya verdadera dueña es la Nación, y nadie ha mostrado interés o preocupación por los desplazados que presentaron prueba de los pagos hechos de buena fe a los empresarios que representaban los intereses de Chiquita Brands y que luego se convirtieron en dueños de los activos de la compañía en Colombia. Por eso, ante la indiferencia y la negligencia de la Justicia colombiana, han decidido buscar asesoría jurídica para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ese camino, la justicia colombiana seguirá perdiendo soberanía y enviado al mundo el mensaje de que es prácticamente incapaz de castigar los más sensibles casos de violaciones a los derechos fundamentales.