Diez años después

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Dos meses después algunos de los que habían sido desplazados se arriesgaron a volver al pueblo. Lo encontraron quemado. "Cuando nos desterraron, creo que fue el 29, no le habían prendido fuego", recuerda uno de ellos y cuenta que cerca de la escuela hallaron "un zapato, unas sogas y unos huesitos". Eran de Elvia. Los forenses lo confirmaron. Ligia Lucía pudo sepultar a su madre en El Aro. Había dejado cinco huérfanos.  Ha pasado una década de la masacre. El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a reparar e indemnizar a las víctimas, tras comprobar que miembros del Ejército ayudaron a los paramilitares. "Esta es la hora en que ni siquiera se ha aparecido un funcionario por aquí, nos tienen abandonados -dice Ligia Lucía-. "!Qué ironía!, no tenemos ni un cura para rezar por los muertos este 25 de octubre".  

LA MUERTE DEL DEFENSOR

El 27 de febrero de 1998, cuatro meses después de la masacre de El Aro, Jesús María Valle, reconocido defensor de los derechos humanos, fue asesinado en Medellín por orden de Carlos Castaño. La razón: haber señalado a miembros del Ejército como colaboradores de las Auc en las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango.

Semanas antes, Valle había cuestionado al entonces Gobernador, Álvaro Uribe, por no haber ordenado la protección de los habitantes de esas poblaciones. Uribe rechazó los señalamientos, mientras que el Ejército lo demandó por injuria y calumnia.

El tiempo le dio la razón a Valle. En enero pasado, Salvatore Mancuso reconoció ante los fiscales de Justicia y Paz en Medellín, que él y Carlos Castaño, con apoyo del entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, general Alfonso Manosalva (q.e.p.d.), quien entregó información y mapas, ordenaron la masacre. Dijo que los muertos eran guerrilleros  que se presentaban como campesinos.

Las declaraciones de Mancuso causaron indignación entre las víctimas que siguieron la diligencia. La realidad es bien distinta: los muertos sí eran campesinos que fueron torturados y asesinados. El mismo Estado reconoció la barbarie tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que comprobó la participación de militares en la matanza.