Crimen sin castigo

Cecilia Reyes ha estado perseguida por el espectro de la violencia y el desarraigo. Foto: Joana Toro / cambio

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EL 18 DE OCTUBRE DE 1997, guerrilleros de las Farc, comandados por un hombre conocido como Olimpo, atacaron con cilindros-bomba un caserío en el municipio de Miraflores, San José del Guaviare, y lo dejaron en ruinas. Cecilia Reyes, que debió abandonar su finca recuerda ese día y dice que quedaron tendidos en el campo los cadáveres de 30 raspachines y de algunos familiares suyos. Ella se escondió y cuando creyó que el peligro había pasado salió pero descubrió que los paramilitares habían llegado y habían asesinado a cuatro campesinos.  "Terminé en El Espinal como desplazada -cuenta-. Luego me vine a Soacha y aquí vivo en esta palomera".

Hoy, 10 años después de los hechos y pese que ella los denunció con nombre propio ante la Defensoría del Pueblo y ante la Fiscalía, ningún miembro de las Farc ha sido condenado. "Los responsables fueron los de las Farc pero nadie me paró bolas cuando los denuncié -dice Cecilia-. Puedo asegurarle que no va a haber ningún responsable".

Cecilia, de 60 años, hace parte de los tres millones de desplazados que hay en Colombia, el país con el mayor número de desplazados en el mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.

En su balance de la Política Pública frente al Desplazamiento, la oficina dice que tuvo que exigir mediante derecho de petición un informe claro sobre los casos de destierro investigados en Colombia y que descubrió que de las 619.361 personas desplazadas registradas ante la oficina de Acción Social, "los procesos llegan al 0,002%".

Considera que se trata de un porcentaje ínfimo y vergonzoso frente a la magnitud del fenómeno. De ahí su llamado al Estado colombiano para aplicar "con eficacia" la Justicia en materia de desplazamiento.

El desplazamiento forzado ha sido prácticamente ignorado por la Justicia colombiana y es posible que ni siquiera pueda pensarse en la posibilidad de que el refrán según el cual "la Justicia cojea pero llega", se haga realidad en estos casos. "Estamos frente a un aberrante caso de impunidad histórica  -asegura un investigador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes-. Los victimarios no han sido castigados por cometer uno de los crímenes que tienen mayores condenas en los tribunales internacionales".