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EL 22 DE MAYO DE 2006 la muerte de 10 policías de la Dijín y un informante a manos de un grupo del Ejército en Potrerito, una vereda de Jamundí, Valle, estremeció al país. Tanto, que desde el comienzo de la investigación la Fiscalía insistió en que los uniformados habían coordinado el asalto contra los policías y que luego modificaron la escena del crimen para despistar a los investigadores.
El propio fiscal general, Mario Iguarán, aseguró que la muerte de los uniformados no había sido un error, sino un crimen, y el caso quedó en manos de un juez especializado de Cali que se lo quitó de encima como una papa caliente con el argumento de que sufría "quebrantos de salud". Pasó entones a manos de otro juez pero aún sigue sin definirse.
Sin embargo, la Procuraduría acaba de terminar su propia investigación y todo indica que será decisiva para esclarecer el tenebroso episodio que enfrentó a Policía y Ejército, y establecer responsabilidades. Para el Ministerio Público queda claro que fue una emboscada de miembros del Batallón de Alta Montaña, bajo el mando del coronel (r) Byron Carvajal, a un grupo especial de la Dijín de la Policía y que los militares alteraron la escena del crimen para desviar la investigación.
Será el primer pronunciamiento oficial de la Procuraduría y lo hará mediante pliego de cargos contra los militares que participaron en el operativo. "Para nosotros ya no hay dudas sobre la responsabilidad de los militares en la masacre", le dijo a CAMBIO un alto funcionario de la Procuraduría.
CAMBIO tuvo acceso al expediente del Ministerio Público y a las fotografías del lugar de los hechos, lo mismo que al análisis que hicieron los investigadores. Dada la crudeza de las imágenes, CAMBIO se abstiene de publicarlas en su totalidad.