Octubre 18 de 2007
Crimen sin castigo
De 619.361 casos de desplazamiento, menos del 10% han sido investigados: hay 32 tribunales y sólo 11 condenas.
EL 18 DE OCTUBRE DE 1997, guerrilleros de las Farc, comandados por un hombre conocido como Olimpo, atacaron con cilindros-bomba un caserío en el municipio de Miraflores, San José del Guaviare, y lo dejaron en ruinas. Cecilia Reyes, que debió abandonar su finca recuerda ese día y dice que quedaron tendidos en el campo los cadáveres de 30 raspachines y de algunos familiares suyos. Ella se escondió y cuando creyó que el peligro había pasado salió pero descubrió que los paramilitares habían llegado y habían asesinado a cuatro campesinos. "Terminé en El Espinal como desplazada -cuenta-. Luego me vine a Soacha y aquí vivo en esta palomera".
Hoy, 10 años después de los hechos y pese que ella los denunció con nombre propio ante la Defensoría del Pueblo y ante la Fiscalía, ningún miembro de las Farc ha sido condenado. "Los responsables fueron los de las Farc pero nadie me paró bolas cuando los denuncié -dice Cecilia-. Puedo asegurarle que no va a haber ningún responsable".
Cecilia, de 60 años, hace parte de los tres millones de desplazados que hay en Colombia, el país con el mayor número de desplazados en el mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.
En su balance de la Política Pública frente al Desplazamiento, la oficina dice que tuvo que exigir mediante derecho de petición un informe claro sobre los casos de destierro investigados en Colombia y que descubrió que de las 619.361 personas desplazadas registradas ante la oficina de Acción Social, "los procesos llegan al 0,002%".
Considera que se trata de un porcentaje ínfimo y vergonzoso frente a la magnitud del fenómeno. De ahí su llamado al Estado colombiano para aplicar "con eficacia" la Justicia en materia de desplazamiento.
El desplazamiento forzado ha sido prácticamente ignorado por la Justicia colombiana y es posible que ni siquiera pueda pensarse en la posibilidad de que el refrán según el cual "la Justicia cojea pero llega", se haga realidad en estos casos. "Estamos frente a un aberrante caso de impunidad histórica -asegura un investigador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes-. Los victimarios no han sido castigados por cometer uno de los crímenes que tienen mayores condenas en los tribunales internacionales".
La misma Fiscalía reconoce que son escasos o que prácticamente no hay procesos por desplazamiento forzado. "Ni colectivos, ni individuales -dice Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz-. En la materia no se ha avanzado ni el 10%". De los 619.361 casos mencionados por el informe de Acnur, sólo 6.501 han sido investigados por la Fiscalía y de éstos apenas 32 han llegado los tribunales. Se han dictado 13 sentencias y sólo 11 personas han sido condenadas.
Según Acnur, el Consejo Superior de la Judicatura solamente reporta 32 casos que llegaron a conocimiento de los jueces penales o porque el sindicado se sometió a sentencia anticipada o porque hubo resolución de acusación. "Es urgente proteger el derecho de las personas desplazadas, como el de las demás víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación integral -dice Jean-Noël Wetterwald, representante de la Oficina de la ONU en Colombia-. Para lograrlo es necesario aplicar estrategias de persecución que den prioridad a las investigaciones por el delito de desplazamiento forzado".
Para Cecilia Reyes la situación es más compleja. "¿Qué pasa si una persona fue desplazada varias veces? -se pregunta-.
Yo volví a Miraflores un año después porque me cansé de vivir en la miseria teniendo con qué, pero resulta que llegaron las Farc y me mataron a Milo Antonio y a Mario, mis sobrinos".
Oídos sordos
Volvió a salir y de nuevo puso la denuncia. De nada le sirvió, como tampoco les ha servido a los que como ella han hecho sindicaciones concretas. Según la Comisión Colombiana de Juristas, el sistema judicial no ha sido eficaz en materia de investigación y sanción del delito de desplazamiento y eso queda demostrado en la enorme brecha que existe entre el número de desplazados y el número de casos que llegan a conocimiento de la Fiscalía, muchos de los cuales precluyen por vencimiento de términos.
Y lo peor es que Fiscalía no responde los derechos de petición de los abogados que llevan casos de desplazamiento. "El 28 de febrero de 2006 solicitamos a la Fiscalía un informe sobre el estado de las investigaciones por el delito de desplazamiento y la respuesta fue que una vez contaran con la información necesaria darían respuesta -denuncia un abogado-. El 9 de mayo de 2007 enviamos una reiteración a la Dirección de Fiscalías y aún no nos ha respondido". Marco Romero, presidente de Codhes, considera que si bien es muy difícil para la Fiscalía asumir cada caso en forma individual, es evidente que ha habido negligencia frente al tema del desplazamiento pues hasta los más protuberantes siguen en la impunidad.
"Si desplazamientos de más de 5.000 personas en Chocó, Nariño, Guaviare, Meta y Córdoba siguen sin investigación y están en la impunidad, será más difícil proceder con los casos individuales -asegura Romero-. Si el delito no ha sido objeto de la investigación debida y los responsables no han sido objeto de sanción judicial, ¿qué pueden esperar las víctimas en materia de reparación?".
Y ahora con la Ley de Justicia y Paz la pregunta es si puede vislumbrarse una luz al final del túnel. Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, dice que son tantos los casos de masacres, asesinatos y desapariciones que aún no se ha empezado a considerar el desplazamiento forzado, entre otras razones porque los jefes paramilitares no han confesado ese delito en las versiones libres. "Esperamos darles trámite a todas las confesiones de los que han dado su versión, pero reconocemos que hay un rezago en el tema del desplazamiento", dice el Director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Para los desplazados la situación es dramática. Al dolor de haber perdido su tierra y su vivienda, de vivir bajo amenazas después de haber presenciado horrendos crímenes o sobrevivido a masacres, se suma el de saber que no hay castigo para los culpables. "No he tenido paz en estos 10 años", dice Cecilia Reyes. ¿Algún día la tendrá?
EFECTIVIDAD DE LA JUSTICIA EN LA SANCIÓN DEL DELITO DE DESPLAZAMIENTO 2004-2006
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INDICADOR |
FÓRMULA |
RESULTADO |
|
Eficacia en la |
Casos conocidos por la justicia /víctimas del desplazamiento. |
1,05% |
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Eficacia en la investigación |
Procesos que llegan a tribunales / Casos conocidos por la Fiscalía. |
0,49% |
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Eficacia en el juzgamiento |
Sentencias / Ingresos por resolución de acusación o sentencia anticipada. |
40,62% |
|
Efectividad del |
Sentencias / Total de víctimas |
0,002% |
Fuente: RUPD, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación.
AVANCES EN VIVIENDA
En un reciente informe titulado La prevalencia de los derechos de las víctimas del delito de desplazamiento forzado, la Procuraduría hace un detallado análisis de la asistencia estatal brindada a las víctimas. Aunque evalúa de manera crítica las decisiones tomadas por el Gobierno y otros organismos, destaca algunos avances en materia de atención en vivienda para las víctimas.
El documento recoge cifras del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial según las cuales en 2006 fueron atendidas 50.019 familias en situación de desplazamiento con el subsidio familiar de vivienda de interés social urbana en las bolsas especiales abiertas por ese despacho.
Sin embargo, para la Procuraduría la cobertura en ese campo era, hasta el 31 de agosto del año pasado, de sólo el 12,1% de los hogares de las víctimas. Las cifras consolidadas de lo que va corrido de 2007 todavía no se conocen.
En cuanto a la asignación presupuestal y la adjudicación de subsidios de vivienda rural para la población desplazada, la evolución que señalan las cifras indica que mientras en 2005 fueron invertidos 22.277 millones de pesos en 105 proyectos que beneficiaron a 3.819 hogares, en 2006 fueron apropiados 18.523 millones de pesos en 88 proyectos para 2.787 hogares.
En este punto el informe del Ministerio Público es especialmente crítico. "Sorprende a la Procuraduría -dice el documento- que el Gobierno Nacional reporte como avance cifras que son evidentemente regresivas, tanto en presupuesto, como en proyectos y hogares".
"De la información presentada se concluye un incumplimiento grave del Ministerio de Agricultura en materia de subsidios de vivienda rural para población desplazada, no solo por la regresividad en materia presupuestal y de asignación de subsidios, sino por la falta de información sobre las metas definidas a corto, mediano y largo plazo para la superación del estado de cosas inconstitucional", agrega el informe.
Ese mismo retroceso lo advierte la Procuraduría en el acceso a tierras. Entre 2002 y 2006 el Incoder entregó 21.881 hectáreas a 1.694 familias. Sin embargo, cada año los porcentajes de adjudicación fueron descendiendo.
LAS CIFRAS
2 MILLONES es el número de desplazados, según el Gobierno.
3 MILLONES es el dato que maneja Acnur.
3,8 MILLONES es la cifra oficial que maneja Cohdes.
25 MILLONES de desplazados hay en todo el mundo.