Octubre 17 de 2007
Primer 'round'
La Procuraduría formuló cargos por incremento patrimonial injustificado y falsedad en documento contra el Contralor de Bogotá y le inicia juicio disciplinario.
EL MARTES 12 de septiembre de 2006, agentes de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría llegaron a las oficinas administrativas del Senado en busca de la declaración privada de bienes de Beatriz Alicia Noguera Pardey, esposa de Óscar González Arana, contralor de Bogotá, y asesora de planta del entonces senador Jairo Merlano, hoy detenido por presuntos nexos con paramilitares. Pero la gestión de los investigadores de la Procuraduría fue infructuosa: los encargados de la recepción y radicación de ese tipo de documentos les dijeron que no habían recibido copia de la actualización que cada año deben hacer los servidores públicos sobre el estado de su patrimonio.
Sin embargo, seis días después, la señora Noguera de González se presentó a la Procuraduría para rendir testimonio dentro de una indagación contra ella y su esposo por un posible incremento patrimonial injustificado. Llevaba consigo una copia de la declaración, con un sello de la Secretaría General del Senado, según el cual había sido radicada en junio. Dato curioso, pues había sido esa la primera dependencia que habían visitado los agentes de la Procuraduría en busca del documento.
A pesar de las sospechas, los investigadores presumieron la buena fe y se concentraron en lo esencial: el origen de los recursos con que los esposos González Noguera habían comprado en 2005 bienes inmuebles en Miami por 1.798.000 dólares, algo así como 4.272 millones de pesos al cambio de la época. Cuando le llegó el turno al contralor González para dar su versión libre, este entregó a la Procuraduría una copia de su declaración actualizada de bienes, según él, para satisfacer las exigencias del Estatuto Anticorrupción. El documento parecía una copia del que había presentado su esposa. "Las cifras, la manera de describir los datos y las observaciones eran muy similares y parecían escritos por la misma persona", le dijo a CAMBIO una fuente que conoce de cerca el proceso.
Aparte de esto, algo más grave llamó la atención de los investigadores de la Procuraduría: los documentos no coincidían con las declaraciones de renta e impuestos de los esposos González Noguera, correspondientes a 2005. Mientras que las declaraciones privadas de bienes, presentadas antes que las de renta e impuestos, incluían la compra de los apartamentos en Miami, en las de renta no figuraban.
El hecho de que la señora Noguera se hubiera presentado a última hora con un documento que no figuraba en los archivos oficiales del Congreso, llevó a los investigadores a pensar en una posible manipulación derivada del escándalo que comprometía a su esposo, el Contralor de Bogotá, con una compra de bienes en Miami que resultaba difícil de explicar.
Día de fiesta
CAMBIO conoció que el Ministerio Público da credibilidad a varios testimonios según los cuales el propio contralor González urdió desde su despacho una estrategia para bloquear y entorpecer la investigación. En una carta dirigida al procurador general Edgardo Maya, los investigadores dicen que el Contralor dio un día libre a los funcionarios de la Contraloría el 8 de septiembre que, mediante la resolución No. 1127 de 2006, fue declarado Día de la Contraloría. La resolución fue expedida dos días antes y publicada en la Gaceta Oficial el 7 de septiembre, y lo curioso es que todas las celebraciones se hicieron fuera de la sede.
Los agentes de la Procuraduría tienen evidencia de que ese Día la Contraloría el Contralor y sus asesores de confianza modificaron y organizaron documentos para darle apariencia de legalidad a los movimientos patrimoniales y las inversiones que González hizo en el exterior, cuyo origen hasta ahora no ha podido demostrar en forma satisfactoria.
Los valores consignados en las declaraciones privadas y de renta no coinciden en costos, ni en avalúos de los bienes, ni en gastos ni en inversiones. El desorden es tal que, por ejemplo, un mismo apartamento aparece declarado por ambos y por la totalidad de su valor.
Los desfases comenzaron a ser advertidos desde el 18 de septiembre de 2006, cuando la señora Noguera se presentó a la Procuraduría con la declaración privada que las autoridades no habían podido localizar en el Senado.
Según esa declaración, su patrimonio bruto en 2005 era de más de 2.447 millones de pesos, mientras que en la de impuestos a la DIAN reportó un poco más de 339 millones. Una diferencia de más de 2.000 millones de pesos. En cuanto a deudas, en la declaración privada figuran más 2.200 millones de pesos y en la de renta cero. Sólo los ingresos netos presentan cifras similares en las dos declaraciones: más de 60 millones en la de impuestos y cerca de 61 en la privada.
En lo que se refiere al Contralor, el patrimonio bruto que reporta en la declaración privada es de 1.171 millones de pesos, mientras que en la de renta sólo figuran 486 millones. En cuanto a las acreencias, en la de renta aparecen un poco más de 172 millones, mientras que en la privada superan los 2.584 millones de pesos. En ese mismo año, reporta ingresos por algo más de 187 millones de pesos, pero es en ese año cuando adquiere uno de los apartamentos en Miami por 615.000 dólares, algo así como 1.400 millones de pesos, al cambio de la época.
A la carrera
El Contralor ha insistido en que ya aportó todos los documentos que explican cómo manejó sus inversiones en el exterior, pero la Procuraduría cree que ese ejercicio fue hecho en forma extemporánea, y bajo la presión de la investigación, y que fue producto de procedimientos no objetivos ni leales con la verdad. Por eso, en principio, las aclaraciones y correcciones que González y su esposa hicieron a sus declaraciones de renta no serán aceptadas por la Procuraduría como pruebas favorables.
Según un conocedor del caso, "la Procuraduría las habría valorado mucho más si desde el comienzo ellos hubieran reportado a las autoridades tributarias sus negocios en el exterior, pues esa habría sido una real muestra de espontaneidad, buena fe y honestidad con la administración y con la sociedad". Pero a juicio de los investigadores, los ajustes a las declaraciones privadas de bienes de González y su esposa fueron hechos "a la carrera y de manera burda".
Contra los pronósticos públicos hechos por el propio González, su situación está lejos de aclararse. El procurador Maya Villazón se dispone a notificarle que el proceso en su contra no sólo no será archivado, sino que le formuló pliego de cargos por incremento patrimonial injustificado y falsedad en documento. Esto podría tener consecuencias penales dentro de la investigación que sobre el mismo caso adelanta la Fiscalía.
Por razones estratégicas, la Procuraduría cerró la investigación con las pruebas que tenía a la mano, pero le abrirá otra para indagar sobre el origen del dinero que González y su esposa no han podido justificar hasta ahora (ver recuadro).
La decisión de la Procuraduría hace previsible que se reabra el debate sobre si la permanencia de González en el cargo es sostenible o no, un debate que han intentando acallar las mayorías en el Concejo de Bogotá y las publicaciones pagadas en su defensa por uno de los sindicatos de la entidad.
"INCURRIERON EN FALSEDAD"
En el pliego de cargos, el Procurador reconviene en términos muy fuertes al Contralor y a su esposa y les reprocha el ocultamiento de bienes y la falsificación de documentos. Estos son apartes de su decisión:
- La falta se les imputa a título de dolo porque el desarrollo de la conducta, así como los comportamientos de los agentes y los esfuerzos por ocultarlas a las autoridades, apuntan a demostrar el conocimiento que tenían los servidores de la irregularidad de su actuar.
- Los datos consignados por el señor Óscar González al momento de la posesión, podrían constituir una falsedad ideológica en documento privado, porque estando el servidor en obligación de declarar bajo juramento la verdad respecto a su patrimonio, consigna hechos ajenos a la verdad.
- El Contralor ocultó el origen de recursos que posteriormente trasladó a créditos amparados en documentos privados.