Crimen sin castigo

Cecilia Reyes ha estado perseguida por el espectro de la violencia y el desarraigo. Foto: Joana Toro / cambio

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La misma Fiscalía reconoce que son escasos o que prácticamente no hay procesos por desplazamiento forzado. "Ni colectivos, ni individuales -dice Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz-. En la materia no se ha avanzado ni el 10%". De los 619.361 casos mencionados por el informe de Acnur, sólo 6.501 han sido investigados por la Fiscalía y de éstos apenas 32 han llegado los tribunales. Se han dictado 13 sentencias y sólo 11 personas han sido condenadas.

Según Acnur, el Consejo Superior de la Judicatura solamente reporta 32 casos que llegaron a conocimiento de los jueces penales o porque el sindicado se sometió a sentencia anticipada o porque hubo resolución de acusación. "Es urgente proteger el derecho de las personas desplazadas, como el de las demás víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación integral -dice Jean-Noël Wetterwald, representante de la Oficina de la ONU en Colombia-. Para lograrlo es necesario aplicar estrategias de persecución que den prioridad a las investigaciones por el delito de desplazamiento forzado".

Para Cecilia Reyes la situación es más compleja. "¿Qué pasa si una persona fue desplazada varias veces? -se pregunta-.

Yo volví a Miraflores un año después porque me cansé de vivir en la miseria teniendo con qué, pero resulta que llegaron las Farc y me mataron a Milo Antonio y a Mario, mis sobrinos".

Oídos sordos

Volvió a salir y de nuevo puso la denuncia. De nada le sirvió, como tampoco les ha servido a los que como ella han hecho sindicaciones concretas. Según la Comisión Colombiana de Juristas, el sistema judicial no ha sido eficaz en materia de investigación y sanción del delito de desplazamiento y eso queda demostrado en la enorme brecha que existe entre el número de desplazados y el número de casos que llegan a conocimiento de la Fiscalía, muchos de los cuales precluyen por vencimiento de términos.

Y lo peor es que Fiscalía no responde los derechos de petición de los abogados que llevan casos de desplazamiento. "El 28 de febrero de 2006 solicitamos a la Fiscalía un informe sobre el estado de las investigaciones por el delito de desplazamiento y la respuesta fue que una vez contaran con la información necesaria darían respuesta -denuncia un abogado-. El 9 de mayo de 2007 enviamos una reiteración a la Dirección de Fiscalías y aún no nos ha respondido". Marco Romero, presidente de Codhes, considera que si bien es muy difícil para la Fiscalía asumir cada caso en forma individual, es evidente que ha habido negligencia frente al tema del desplazamiento pues hasta los más protuberantes siguen en la impunidad.

"Si desplazamientos de más de 5.000 personas en Chocó, Nariño, Guaviare, Meta y Córdoba siguen sin investigación y están en la impunidad, será más difícil proceder con los casos individuales -asegura Romero-. Si el delito no ha sido objeto de la investigación debida y los responsables no han sido objeto de sanción judicial, ¿qué pueden esperar las víctimas en materia de reparación?".