EL GENERAL ÁLVARO CARO, director de la Policía Antinarcóticos, recibió el pasado 3 de septiembre el informe con los resultados de los exámenes que el Instituto Nacional de Salud, INS, les hizo a 18 campesinos de Orito, Putumayo, que un mes antes habían denunciado que la fumigación con glifosato de cultivos de coca en predios vecinos a una escuela de una vereda de ese municipio los había afectado.  Los análisis del INS indicaron que los denunciantes no presentaban signos de intoxicación por glifosato u otro plaguicida y, además, pruebas de campo realizadas por científicos en la zona establecieron que no había señales de fumigación ni en la tierra ni en el agua.

Para el general Caro era evidencia sólida de que detrás de las denuncias estaban las Farc, que desde junio han intentado impedir las labores de fumigación y erradicación manual de los cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo, porque en la frontera con Ecuador, en una franja de 10 kilómetros, tienen más de 7.000 hectáreas sembradas de coca.

A mediados de agosto, 1.700 colombianos de municipios nariñenses pasaron la frontera y llegaron a la población de San Lorenzo, supuestamente presionados por las Farc que los amenazaban por haber permitido el ingreso de erradicadores manuales. El éxodo causó una crisis humanitaria en la población ecuatoriana y revivió la tensión entre los dos países, pero una semana después la Cancillería logró convencer a los campesinos de regresar con protección militar. Como lo aseguró entonces el canciller Fernando Araújo, "organizaciones cercanas a las Farc manipularon el desplazamiento de los campesinos para evitar la erradicación manual de cultivos".

Mientras los campesinos emprendían el camino de regreso a sus pueblos, en veredas de Llorente, un corregimiento de Tumaco, Nariño, se presentaron enfrentamientos entre cultivadores de coca y miembros de la Fuerza Especial Antidisturbios de la Policía que dejaron un saldo de 65 personas lesionadas. La razón: la llegada de grupos de erradicación manual a la zona.

Desde 2006 Nariño y Putumayo se han convertido en un enclave de guerrilla y narcotraficantes, pues las labores de erradicación que desde 2004 emprendieron las autoridades en Caquetá y Meta los obligaron a trasladar cultivos y laboratorios.