Falsos guerrilleros

La Justicia Penal Militar y la Fiscalía investigan algunas ejecuciones extrajudiciales. Foto: AFP

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El crimen fue denunciado ante la Fiscalía 14, pero han pasado casi seis meses y la investigación no avanza. No han podido o no han querido establecer quién o quienes son los responsables de esa ejecución sumaria, de ese falso positivo. Y la Justicia  Penal Militar, que también conoce el caso, tampoco se ha pronunciado.

Nadie, salvo su familia, parece interesado en el caso de José Rodríguez Benavides. Su madre, que ya consiguió abogado, dice que en Granada hasta las mismas autoridades tienen miedo. "Como mamá no me puedo quedar callada, esperé mucho para pedir ayuda y solo quiero la verdad", dice, y agrega que pidió protección para ella y su familia.

Sin pistas

La familia Rodríguez Benavides no se equivoca cuando asegura que el de José no es el único caso de ejecuciones sumarias. Según representantes de las víctimas en la región del Ariari, Meta, hay reportados 54 casos de ejecuciones sumarias a las autoridades, pero no hay pistas de los asesinos.

Sin embargo, algunas familias han encontrado a sus desaparecidos enterrados como guerrilleros dados de baja. Y varios de esos crímenes, entre ellos los de Aurelio Gallego Mancera, Luis Alberto Rubio Chávez y Róbinson Riberos, fueron cometidos en Granada, en marzo, el mismo mes en que fue ejecutado Rodríguez Benavides. 

En otras regiones del país, se han presentado este año casos similares. Hasta la fecha han sido reportados cerca de 200 casos y la Defensoría del Pueblo, que tiene documentados algunos de ellos, cree que hay más que no están registrados.

En la región del Catatumbo, Norte de Santander, sólo en Ocaña las autoridades investigan varios casos, entre ellos el de un joven con retardo mental que un día desapareció y al día siguiente apareció muerto, vestido como guerrillero y con una granada en la mano.

Estos casos preocupan incluso al Gobierno de Estados Unidos que en junio pasado pidió a la Procuraduría un informe detallado de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales entre enero de 2002 y junio de 2007, y de las cuales son señalados como presuntos responsables miembros de la Fuerza Pública. El año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, reportó 274 ejecuciones sumarias.

Por lo pronto, hay 54 casos en distintas etapas procesales. Ojalá no queden en la impunidad como hasta ahora ha quedado el crimen de José Rodríguez Benavides, cuya madre asegura que fue asesinado por soldados que luego lo presentaron como un guerrillero dado de baja. Una situación que no es nueva, que viene de años atrás.