Escudo protector

El concejal ibaguereño Hernando Álvarez Urueña pudo regresar al ruedo.

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"EL SENADOR Mauricio Jaramillo Martínez es el más corrupto de Colombia", dijo en un debate el concejal de Ibagué Hernando Álvarez Urueña, y lo repitió después en emisoras locales. La Procuraduría intervino, lo destituyó y lo inhabilitó 12 años para ejercer cargos públicos porque consideró injuriosa y calumniosa su afirmación.

Vencido en las dos instancias que contempla la ley, Álvarez no se resignó a la sanción que le significaba la muerte política y presentó una tutela  ante el Tribunal Superior de Ibagué, con el argumento de que le habían violado el debido proceso y la posibilidad de participación en política. El Tribunal lo despidió con cajas destempladas y advirtió que, como máximo juez disciplinario, la Procuraduría es autónoma para juzgar las faltas cometidas por los servidores públicos. Sin embargo, el concejal no se dio por vencido y acudió a la Corte Suprema de Justicia que, aunque ha defendido la tesis de que la tutela como mecanismo de excepción no procede contra decisiones judiciales, en su caso cambió de postura, aceptó la tutela y declaró nula la decisión de la Procuraduría. Los magistrados Julio Enrique Socha, Mauro Solarte Portilla y Javier Zapata consideraron que la Procuraduría había aplicado mal el Código Disciplinario Único e ignorando el principio de favorabilidad al imponerle a Álvarez el castigo más severo, pese a la existencia de sanciones menos severas para castigar faltas como las cometidas por Álvarez.

En círculos de la Procuraduría causó inquietud el hecho de que en la sentencia de la Corte se hubiera colado una razón de conveniencia. En la página siete de las 16 que tiene la providencia, los magistrados anotan: "La intervención del juez de tutela no admite espera pues como se anota en la demanda, el actor tenía entre sus planes lanzarse a las elecciones que se realizarán el 28 de octubre del año que transcurre".

En la Procuraduría se preguntan: ¿Si el concejal destituido no estuviera aspirando de nuevo en las elecciones de octubre, la tutela no habría sido considerada urgente?".

Vuelve y juega

El caso del concejal de Ibagué no es el único en su género. Otros candidatos a las elecciones regionales de octubre, que están cuestionados, han encontrado en la tutela una especie de escudo protector contra acciones judiciales que los inhabilitan.

La semana pasada, Moisés Carreño Monroy, interesado en repetir Alcaldía en Melgar, Tolima, pidió a los medios de comunicación que no lo incluyeran en la lista de candidatos inhabilitados pues, según él, su situación legal estaba ya resuelta.