Vuelve y juega

Según la Procuraduría, la firma de ese contrato podría configurar un peculado disfrazado de legalidad.

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EN CALI ES CONOCIDA la cercanía del ex alcalde Apolinar Salcedo con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Herman Galán Castellanos y es precisamente esa amistad la que hoy tiene de nuevo a Salcedo en la mira de la Procuraduría, pues en octubre de 2006 la Alcaldía le adjudicó a Galán un millonario contrato que, a juzgar por documentos y testimonios, lo pone en problemas.

La historia se remonta a marzo de 2006, cuando Salcedo se vio obligado a buscar un abogado para que lo defendiera en el proceso abierto por la Procuraduría, por irregularidades en un contrato que la Alcaldía había suscrito con la empresa Sicali para el recaudo de los impuestos. Un mes después, el 18 de abril, Salcedo le revocó el poder al abogado Luis Duque, que hasta el momento había asumido su defensa, y en reemplazo nombró al ex magistrado Galán, que aceptó el encargo a pesar de que el Alcalde le advirtió que carecía de recursos para pagar sus servicios.

El ex magistrado pactó honorarios por 10 millones de pesos, pero seis meses más tarde, mientras el proceso avanzaba en Bogotá, algunos funcionarios de la Alcaldía comenzaron a sospechar que algo raro pasaba. El 31 de octubre de 2006, el director jurídico de la administración, Miguel Baquero, firmó con Galán un contrato para que actuara en representación de la Alcaldía en dos procesos penales y uno civil que se adelantaban en Bogotá y Cali. El contrato rotulado con el número 046 es ambiguo en algunos apartes de su objeto y no específica tiempo de ejecución, pero establece que Galán recibirá 400 millones de pesos por honorarios y el 20% de una millonaria suma que reclamaba la Alcaldía en un proceso civil contra el empresario Álvaro Lloreda, quien, según el proceso, la había defraudado en 13.000 millones.

¿Maniobra?

Desde entonces las cosas le comenzaron a salir mal a Salcedo. El 1° de diciembre, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años para ejercer funciones públicas. Con ese revés, Galán no iba a tener mucho tiempo para ejecutar el contrato firmado, pues tendría que concentrar esfuerzos en la defensa de su cliente, ante la drástica sanción que hoy hace tránsito en los estrados judiciales.

Además, los empleados de la oficina jurídica no veían con buenos ojos que contrataran a un abogado externo si allí trabajaban 25 profesionales que podían llevar los negocios. "Fue una maniobra de Salcedo para cancelar la defensa de Galán, a pesar de que este pago debía salir de su bolsillo", asegura un funcionario de esa dependencia.