Escudo protector
El concejal ibaguereño Hernando Álvarez Urueña pudo regresar al ruedo.
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Sin embargo, elegido Gobernador para el período 2003-2007, Claros se negó a ir a la cárcel y encontró en la tutela una fórmula salvadora. La presentó su abogado, Carlos Augusto Gálvez Argote, ex magistrado de la Corte Suprema, ante el Consejo Superior de la Judicatura, donde prosperó con el socorrido argumento de las "vías de hecho" y todo parece indicar que Claros terminará su período el 31 de diciembre próximo.
El Consejo no solo se metió en los linderos de la Corte, sino que la cuestionó con severidad y en una providencia de 40 páginas la reconvino por haberse atendido "irregularmente" el recurso de casación. El único magistrado que salvó su voto fue Eduardo Campo Soto, para quien el fallo de tutela resultaba contradictorio.
"Es contradictorio -explicó Campo- porque argumenta que una violación a derechos fundamentales sobre la base de que la Corte tenía que actuar como juez de única instancia por el fuero que adquirió el Gobernador, pero al mismo tiempo pretende dejar en firme la decisión asbolutoria emitida por el Juez Segundo Penal del Circuito".
La Corte Suprema intentó en vano convencer al Consejo de que las sentencias judiciales son intangibles, es decir, intocables por jurisdicciones distintas a aquella que las dicta, y el caso del Gobernador de Caquetá terminó convertido en uno de esos que causan el llamado choque de trenes entre las cortes.
CON LUPA
EDGARDO MAYA VILLAZÓN, procurador general de la Nación, ordenó a sus agentes hacer una revisión minuciosa antes de publicar la lista de los candidatos que se encuentran inhabilitados. Pese al cuidado que observó el Ministerio Público, se coló algún error como el cometido en el caso del ex congresista y locutor deportivo Édgar Perea, aspirante a la Alcaldía de Barranquilla. Perea perdió la investidura de congresista, pero la decisión del Consejo de Estado fue 'fulminada' por un fallo de tutela de la Corte Constitucional. Muy a su pesar, el Procurador en persona ordenó la exclusión de esa lista de algunos ex funcionarios destituidos que encontraron en la tutela una fórmula salvadora.
