Escudo protector

El concejal ibaguereño Hernando Álvarez Urueña pudo regresar al ruedo.

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Carreño fue sancionado dos veces: primero por la Procuraduría Provincial de Girardot y luego por la regional de Cundinamarca, con suspensión de un año en el ejercicio del cargo y prohibición para ejercer funciones públicas durante 12 meses por irregularidades en el manejo del presupuesto. El fallo disciplinario implicaba que quedaba inhabilitado para presentar su candidatura en los comicios de octubre, pero una tutela fue la llave para salir del problema.

El 3 de agosto, el Juzgado 27 Administrativo de Bogotá suspendió la ejecución de la sanción de la  Procuraduría con el argumento de que el organismo de control había sancionado a Carreño por una falta supuestamente inexistente. Lo curioso de esta decisión salvadora, fue que el juzgado estableció plazos inusuales en estos casos: le dio a Carreño cuatro meses, contados a partir de la notificación del fallo de tutela, para presentar contra la Procuraduría una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahí está y ahí se queda

Expertos en la materia sostienen que un fallo de la justicia contencioso-administrativa podría tardar fácilmente cinco años. Es decir, que si es elegido en octubre, Carreño podría repetir Alcaldía sin problema.

La tutela se ha convertido también en manto protector para funcionarios condenados penalmente y que, en condiciones normales, debían estar en la cárcel. Uno de los casos más representativos es el del actual gobernador de Caquetá, Juan Carlos Claros Pinzón, condenado por delito de peculado por uso.

Inicialmente investigado por la Fiscalía Octava Seccional de Florencia por hechos ocurridos cuando se desempeñó como funcionario del Plan Nacional de Rehabilitación, fue absuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad. Pero luego el Tribunal Superior revocó el fallo de primera instancia, lo condenó a 10 meses de prisión y le impuso además una interdicción de derechos por el mismo tiempo. El caso llegó poco después a la Corte Suprema de Justicia que, tras de estudiar un recurso extraordinario de casación, dejó en firme la condena.