Agosto 25 de 2007
El testimonio de Yidis
La ex representante anticipa detalles sobre los vínculos del senador Luis Alberto Gil y 'Ernesto Báez', jefe desmovilizado de las Auc.
CUANDO LLEGUÉ obligada a la reunión con los paramilitares, el senador Luis Alberto Gil sonreía y tenía en la mano un vaso de whisky con el que brindó con Ernesto Báez. 'Hola, ¿cómo está?', me saludó y luego se sentó para oír la lectura de un 'código de ética' que las autodefensas querían imponernos a los políticos del Magdalena Medio", le contó a CAMBIO la ex representante Yidis Medina, cuyo voto -junto con el de Teodolindo Avendaño- fue decisivo para la aprobación de la ley que hizo posible la reelección del presidente Álvaro Uribe.
En su casa de Barrancabermeja, donde se recluyó desde el lunes de la semana pasada por recomendación de la Policía, Medina prepara la declaración que rendirá el 29 de agosto ante la Corte Suprema. Confía en que su testimonio sirva para que la Justicia establezca las relaciones del senador con las Auc y la forma como el movimiento Convergencia Ciudadana tomó el control político y administrativo de Santander y consolidó su poder en el Congreso.
La ex parlamentaria, que dice estar retirada de la actividad proselitista y vivir de la venta de ropa, le anticipó a CAMBIO aspectos sustanciales de su declaración e insistió en que detrás de ello no hay intenciones políticas ocultas. "Soy conservadora y no acompaño a ningún candidato a la Gobernación -dice-. Voy a hablar sólo porque el Gobierno y la Corte están ofreciendo unas garantías que antes no existían".
Según su relato, la reunión en la que estuvo presente y a la que asistieron Gil y Báez sería una prueba fehaciente de los vínculos del senador santandereano con los paramilitares. No especifica la fecha exacta pero dice que fue a comienzos de 2002 en el casco urbano de San Rafael de Lebrija, corregimiento del municipio de Rionegro, al norte de Bucaramanga. "Fue en el segundo piso de una escuela donde todo estaba organizado como si se tratara de un certamen muy importante: con oradores e invitados especiales", asegura Medina.
Cuenta que tres hombres de las Auc, conocidos como Johny, 70 y Harold, fueron a buscarla a uno de los barrios de Barranca donde ella solía promover actividades en las asociaciones comunitarias. "Desde ese día -recuerda-, Johny me decía con frecuencia que yo me estaba buscando que me dieran piso porque sabía que me iba a resistir a sus exigencias".
Cuando llegó a la reunión, Medina reconoció de inmediato a Gil, a Julio César Ardila -ex alcalde de Barrancabermeja hoy prófugo de la Justicia-, a varios concejales de la ciudad y de Puerto Berrío y a líderes comunitarios de la meseta de San Rafael. "También estaba un representante a la Cámara, cuyo nombre me voy a reservar por ahora, mientras la Corte lo llama a rendir explicaciones", asegura y agrega que poco después de haber llegado y antes de la presentación formal de los motivos de la reunión, Baéz estuvo conversando con Gil.
A la pregunta sobre si cabe alguna posibilidad de que el Senador hubiera llegado allí presionado por los paramilitares, Medina responde: "¡No, cómo se le ocurre! Alguien que va amenazado a una reunión como esa no tendría libertad para servirse whisky, para sentarse en la mesa principal junto a Báez y para brindar con él, como lo vi yo".
La ex representante continúa su relato y dice que Báez se paró y les dijo a los presentes que era necesario afianzar los cuadros políticos de las Auc y sus amigos en el Magdalena Medio. Acto seguido, uno de los hombres que lo acompañaba anunció que leería un "código de ética" hecho para regular las relaciones entre las estructuras políticas y militares de las Auc y las personas que en adelante aspiraran a cargos de elección popular.
Medina se dio cuenta de que Ardila, el alcalde de Puerto Berrío, estaba con el periodista Emeterio Rivas, que según ella era entonces uno de sus mejores amigos. "A partir de ese día, noté muy incómodo a Emeterio con lo que estaba pasando y dispuesto a denunciarlo -sostiene la ex representante-. No me equivocaba, pues a los pocos días él empezó a preguntar a través de un programa de radio por qué el gobierno municipal y algunas fuerzas políticas estaban transando con el diablo. Creo que eso fue lo que terminó costándole la vida". Rivas fue asesinado el 6 de abril de 2003.
A diferencia del Pacto de Ralito en el que políticos y paramilitares se comprometieron a "refundar la patria", el "código" se centraba en la financiación del proyecto político que surgió en 2002 en el Magdalena Medio y exigía a los candidatos a cargos públicos y a los funcionarios en ejercicio que hacían parte de las estructuras de apoyo de las Auc, no sólo obedecer a los mandos paramilitares sino a reservar un porcentaje importante de los recursos públicos para el sostenimiento de la organización. Según la denunciante, esto explica por qué estaban presentes en la reunión algunos concejales encargados de preparar proyectos de acuerdo para el gasto público: buscaban concertarlos con el alcalde Ardila.
Y Medina prosigue: "Después del asesinato de Emeterio Rivas, el alcalde Ardila estuvo detenido un tiempo pero después huyó y no ha vuelto a saberse de él. Pero su esposa, la diputada Divis Cecilia Sánchez Serrano, que heredó su fortín político, también es ficha de Convergencia". Antes de que Medina se presente ante la Corte Suprema, la comisión investigadora especial que apoya a la Sala Penal verificará la información.
HABLA EL SENADOR GIL
El senador Luis Alberto Gil, que en 2006 llevó al Congreso a siete miembros de su lista, asegura que en su momento entregará las pruebas para demostrar que Yidis Medina sirve a "intereses oscuros". Cuestiona la credibilidad de la ex representante y sostiene que llegó al Congreso con la ayuda de organizaciones de secuestradores y extorsionistas. "Ella no tuvo empacho en valerse de la guerrillla y de otras redes de extorsionistas para presionar e servidores públicos en busca de dinero -afrima el Senador-. En alguna ocasión hizo secuestrar incluso a secretarios de la Alcaldía".
Medina le replicó. "Él no tiene cómo demostrar eso, yo también he sido víctima de la guerrilla y sobre el secuestro que menciona, yo fui una de las rehenes".
ENCUENTRO EN PUERTO BERRÍO
El testimonio de Yidis Medina no es el único que pesa contra el senador Gil. El senador del Polo Gustavo Petro anunció que revelará en un próximo debate parlamentario los nombres de los políticos santandereanos que asistieron a una reunión con paramilitares en Puerto Berrío -denunciada ante la Sala Penal de la Corte Suprema- que se habría realizado en enero de 2002 con el propósito de hacer las listas para la elección parlamentaria de ese año.
Algunos de los denunciantes le contaron a CAMBIO en Bucaramanga, que los jefes paramilitares Ernesto Báez, Julián Bolívar y Botalón se reunieron en ese puerto del Magdalena con una delegación de dirigentes de la que hacían parte, además del senador Gil, el entonces diputado y hoy gobernador de Santander, Hugo Aguilar; los entonces aspirantes a la Cámara José Manuel Herrera, Juan Manuel González y Nelson Naranjo -hoy diputado y entonces segundo renglón de Herrera-; los diputados Luis Francisdo Guarín y Alfonso Riaño Castillo y, entre otros concejales, Rubén Darío Sánchez y René Tordecillas.
Según los denunciantes, allí comenzó a gestarse la candidatura del hoy senador Carlos Clavijo, el mismo que hace poco apareció en un video al lado de Báez y del representante José Manuel Herrera en una plaza pública. "Como en ese momento Gil ya tenía asegurada curul en el Senado en virtud de varios acuerdos políticos, lo que le interesaba era promover a otros amigos suyos", explica uno ellos.
Juan Manuel González, que se hizo popular como narrador deportivo de la radio, se marginó de los acuerdos pactados en la reunión a la que habría ido sin conocimiento de causa. No respondió a las llamadas de CAMBIO.
En cuanto al gobernador Aguilar, asesores suyos le dijeron a esta revista que él no va responder "más infamias" y que este tipo de informaciones sólo aparecen en época de campaña porque les conviene a ciertos sectores de los partidos tradicionales.
La Corte y la Fiscalía investigarán también una reunión similar que se habría realizado en la finca La Coqueta de Puerto Araújo, corregimiento de Cimitarra, en el Magdalena Medio santandereano. Allí se habría pactado una alianza política condicionada por exigencias del jefe paramilitar Botalón y de dirigentes de Convergencia.