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ANTES DE PARTIR en un avión de la DEA hacia Estados Unidos, donde será procesado por conspiración para traficar con cocaína, Wilson Figueroa Ordóñez podría entregar a las autoridades colombianas la clave definitiva para establecer si la muerte de 10 miembros de un cuerpo elite de la Policía y un civil, en Jamundí, Valle, el 22 de mayo de 2006, fue un error militar de soldados de un batallón de alta montaña o un ataque urdido por las mafias del narcotráfico, y si el coronel Byron Carvajal, comandante de la tropa, era uno de los oficiales del Ejército reclutados por la organización del narcotraficante Diego Montoya Sánchez, Don Diego.
La conexión del coronel Carvajal con la red que trabajaba para el capo del Norte del Valle podría quedar demostrada si son consistentes los documentos y testimonios según los cuales Figueroa y el oficial manejaban negocios ilícitos que eran coordinados por un amigo común, Ómar García o Capachivo, hombre de confianza de Don Diego y encargado de los enlaces y rutas para el tráfico de cocaína.
Las nuevas evidencias se suman a dos testimonios que pesan contra el oficial. Uno de ellos es el de su esposa, Anitza Hernández, quien le dijo a la Fiscalía que si le dan protección y garantías para radicarse, si es necesario, en el exterior, está dispuesta a contar las relaciones de Carvajal con la mafia. Sus primeras afirmaciones en este sentido coinciden con las que hizo durante el juicio por el caso Jamundí el reinsertado Edver Fajardo, quien aseguró que Figueroa y el coronel eran "socios" dentro de una organización criminal que conectaba al cartel del Norte del Valle con paramilitares y con un sector contaminado del Ejército.
Este testimonio y otras evidencias han sido transladadas al despacho de la fiscal que investiga el caso de la infiltración en el Ejército, que ahora tiene razones para creer que el mayor (r) del Ejército Juan Carlos Rodríguez Agudelo, hoy prófugo de la Justicia, y quien remplazó a Capachivo como jefe de seguridad de Don Diego, fue puesto en contacto por Carvajal con la organización clandestina a comienzos del año pasado.
Como lo reveló CAMBIO la semana pasada, Rodríguez reconoce en una carta que le envió a la fiscal que se reunió, ya prófugo, con varios oficiales vinculados a la investigación, pero asegura que esos encuentros eran para colaborar con información útil para la lucha contra la guerrilla y los paramilitares y no con propósitos criminales.