¿Quién podrá defendernos?
Los defensores públicos atienden al 53% de los usuarios del Sistema Penal Acusatorio.
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"ME ACUSAN DE HABER matado a mis dos hijos pero eso es falso y por eso no quise aceptar los cargos como me sugirió mi defensora pública", dice Sandra Rendón, quien está recluida en El Buen Pastor desde 2006. Según ella, la abogada que le asignó la Defensoría Pública nunca se mostró interesada por averiguar la verdad y de entrada le dijo que lo mejor era declararse culpable para acogerse a sentencia anticipada y lograr que le rebajaran la pena. "Ella podía haberme defendido porque había muchas pruebas a mi favor, entre otras que los cadáveres nunca aparecieron -sostiene Rendón-. Como no quise declararme culpable, ella abandonó el proceso". Rendón apeló la sentencia.
Casos como este se repiten en las 140 cárceles del país, donde muchos presos se quejan de la mala asesoría que les prestan los abogados de oficio o defensores públicos. Cindy Pérez, detenida en El Buen Pastor, asegura que perdió la posibilidad de que le dieran casa por cárcel por culpa del defensor que le asignaron. "La Policía me capturó después de allanar la casa donde vivía con mi novio, pero yo no tenía nada que ver con la droga que él guardaba allí -afirma-. Acepté el consejo del defensor de asumir los cargos y la pena quedó en siete años. Como no tenía antecedentes y estaba embarazada podía aspirar a casa por cárcel, pero el defensor no se presentó ante el juez para sustentar la solicitud y finalmente fue negada".
En Cómbita, Boyacá, Hernando Castillo, quien cumple una pena de 17 años por secuestro, afirma: "En mi caso, el defensor fue negligente y a pesar de que yo le mostré el camino para probar mi inocencia, insistió en que la mejor estrategia era la sentencia anticipada".
Para los funcionarios de las cárceles y en general para los que tiene que ver con el sistema carcelario, no hay preso que se sienta culpable aunque lo sea y el abogado siempre es el responsable de la condena. Pero lo cierto es que el análisis de muchos casos que han sido apelados indica que los defensores públicos prefieren el camino fácil: de aconsejarles a sus apoderados aceptar los cargos para lograr sentencia anticipada.
Derecho a medias
El derecho a la defensa es reconocido desde tiempos inmemoriales y es irrenunciable: todo procesado debe estar asistido por un abogado y en caso de que carezca de los recursos para pagar su defensa, el Estado debe proveerlo. De ahí la figura del defensor público -servicio que administra la Defensoría del Pueblo- o, en su defecto, el de defensor de oficio.
