¿Quién podrá defendernos?
Los defensores públicos atienden al 53% de los usuarios del Sistema Penal Acusatorio.
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El magro presupuesto del Sistema de Defensoría Pública -66.000 millones de pesos anuales-sólo permite cubrir en forma precaria las necesidades de defensa de la población carcelaria que hoy supera los 60.000 reclusos. De ahí que, en muchos casos, la autoridad judicial competente designe abogados de oficio para procesados sin recursos, que son el 53% de los usuarios del Sistema Penal Acusatorio, para contratar un abogado, caso en el cual el cargo es de forzosa aceptación y no implica contraprestación alguna. Un defensor público, que es contratado mediante la figura de prestación de servicios, recibe tres millones de pesos como honorarios y lleva, en promedio, 35 procesos.
El sistema aún en pañales, la falta de controles y, en general, las fallas que aquejan a todo el sistema judicial explican por qué los defensores públicos o los abogados de oficio no cumplen a cabalidad con sus obligaciones (ver recuadro). "Están tomando el camino fácil-asegura Consuelo Agudelo, del Comité de Derechos Humanos del Buen Pastor-. Conozco decenas de compañeras a quienes el defensor les ha hecho firmar el poder para representarlas y no ha vuelto. Otros vienen una vez al mes y nos hacen firmar las planillas de asistencia para poder justificar su trabajo pero no actúan en los procesos".
Por su parte, magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que reciben cada día apelaciones de sentencias de condenados que alegan que el defensor no actuó debidamente, coinciden en señalar que, no obstante el esfuerzo de la Defensoría para capacitar a los defensores públicos, hay un número preocupante de casos de sindicados que aceptan los cargos para acogerse a sentencia anticipada. "Esto tiene graves implicaciones en los procesos, como por ejemplo que sindicados terminen siendo condenados cuando el tema de la responsabilidad es discutible -asegura un magistrado-. No es que el defensor coaccione a su defendido, sino que le presenta esa posibilidad como ventajosa en eventos en que un compromiso serio de la defensa implicaría posibilidades de absolución".
Desde 2006, el sindicato de la Defensoría, ASDEP, viene advirtiendo al Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, sobre irregularidades en el Sistema de Defensoría Pública que hoy cuenta con más de 1.800 abogados y que fue fortalecido desde 2004 cuando empezó a operar en algunas regiones el sistema penal acusatorio. "Los abogados de la Dirección de Defensoría Pública han sido vinculados discrecionalmente, sin ningún tipo de examen.Solo con la información exigida para su vinculación, poniendo a la entidad en riesgo de apetitos clientelistas", dice un documento que la ASDEP le envió a Pérez.
Funcionarios consultados por CAMBIO aseguran que hay abogados mal capacitados y otros muy ocupados que son contratistas externos y llevan casos particulares a los que les dedican más tiempo que a los procesos que les asigna la Defensoría. "Tenemos mecanismos de control severos-asegura la directora de Defensoría Pública, Julieta Franco-. Hemos cancelado contratos de defensores públicos cuando determinamos que no han hecho bien su trabajo". Y agrega: "Nuestros resultados son excelentes y según la corporación Excelencia en la Justicia, estamos en el 88% de efectividad".
