Toma y daca

64 irregularidades encontró la Contraloría en Corpoguajira.

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EL AÑO ARRANCÓ mal para la Corporación Autónoma de La Guajira, Corpoguajira. Su directora, Ana Cecilia Castillo, no acababa de posesionarse cuando ya tenía varias denuncias en la Procuraduría para anular su elección.

Una de ellas, por vicios en el proceso de selección: la convocatoria no fue transparente porque no fue publicada en el portal único de contratación estatal como ordena la Ley. Otra hacía referencia a que dos de los ocho consejeros que la eligieron, José Cuello y Laureano Martínez, estaban inhabilitados porque en ese momento tenían sanciones disciplinarias. Y dos más denunciaban que el proceso fue acomodado y tenía nombre propio, pues de un momento para otro redujeron el número de años de experiencia ambiental para que se ajustara a la hoja de vida de Castillo, directora encargada en el momento de la elección. "Las reglas no fueron limpias y la elección estuvo viciada desde el comienzo", asegura Augusto Ramos Barros, uno de los candidatos descartados. En la actualidad, Castillo tiene siete indagaciones preliminares y cuatro quejas en la Procuraduría.

Pero las cosas no paran ahí. Veedurías cívicas de La Guajira han denunciado que la señora Castillo, en calidad de encargada, hizo convenios con algunos alcaldes del departamento que fueron clave para que fuera nombrada en propiedad en la Dirección de la Corporación.

Entre los contratos firmados días antes de su elección se destaca uno de 500 millones de pesos con la Alcaldía de Villanueva y otro de 645 millones con la de Barrancas. "Es muy sospechoso que la directora encargada firmara acuerdos con alcaldes que formaban parte del Consejo Directivo que elegiría al director -dice Rafael Epiayu, coordinador de la Veeduría Ambiental Transparencia Guajira-. Eso se llama conflicto de intereses y los organismos de control lo están investigando". 

Las denuncias también señalan que Corpoguajira está utilizando los recursos de compensación del carbón, derivados de la explotación de El Cerrejón, para gastos de funcionamiento, prohibido por el Decreto 416 del 15 de febrero de 2007. Por ejemplo, el 23 de febrero pagó 145 millones de pesos en gastos de funcionamiento con cargo a ese rubro.