Pelea de toches
La infraestructura básica de Panachi ya está casi lista. Foto: Édgar Vargas / Cambio
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LA NOCHE DEL VIERNES 6 de julio, el coronel (r) Hugo Aguilar Naranjo, gobernador de Santander, reaccionó indignado al enterarse de que el zar anticorrupción Rodrigo Lara, acababa de pedirle al procurador General, Edgardo Maya, que considerara la posibilidad de suspender la licitación para la construcción del teleférico para el Parque Nacional de Chicamocha, Panachi, por un valor de 33.995 millones de pesos. "A mi no me sacan de la cabeza que el senador Hugo Serrano se le metió a la oficina al zar y lo engañó para hacerlo escribir esta absurda solicitud", dijo el Gobernador.
En ese momento, el enfrentamiento entre Aguilar y Serrano era evidente. Desde su columna en el diario Vanguardia Liberal, el Senador fustigaba al Gobernador y preguntaba con ironía cuál era la distancia entre Panachi y Panachita, el nombre que le da a una finca que la suegra de Aguilar tiene en El Páramo y en la que, según él, el trapiche, la pesebrera y otras mejoras de la propiedad habrían sido hechas en forma gratuita por algunos de los contratistas de Panachi.
El Gobernador ha contraatacado en todos los escenarios, incluido un consejo comunitario, con el argumento de que sus detractores no le perdonan que haya liquidado en las urnas al gamonal que llevaba 35 años mandando la parada en Santander. "Apelan a la mentira y a la calumnia y olvidan que si no me torcí en la época en que me tocó dar de baja al bandido del Pablo Escobar, mucho menos ahora que he conseguido gobernar con obras a mi departamento", decía Aguilar. Y en cuanto al tema de la finca, asegura que Serrano miente: "Allí no trabajaron contratistas de la Gobernación y estoy dispuesto a mostrar los documentos que prueban que la finca provino de una herencia de la familia Barrera y que el progreso demostrado corresponde a un programa privado denominado Agroseguridad".
El mismo día en que Lara le dirigió la petición al Procurador, Aguilar envió a Bogotá a funcionarios con documentos para demostrar que la licitación era transparente y que no ponía en riesgo ni los 31.969 millones de pesos aportados por la Nación, de común acuerdo con el presidente Álvaro Uriibe, ni los 2.031 millones del fisco departamental.
Calma chicha
Días después, en una entrevista para el canal regional de televisión TRO, Lara aclaró que no había afirmado ni sugerido que existiera corrupción en el proceso y que sólo le había pedido a la Procuraduría General de la Nación que le hiciera seguimiento con criterio preventivo. El 18 de julio, el viceprocurador general, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, envió al Gobernador 15 observaciones sobre posibles problemas en el proyecto, pero no ordenó suspender la licitación.
