Ministerio que mucho aprieta...
En 2003, el Carnaval de Barranquilla fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Foto: Archivo Cambio
(Página 1 de 5)
EL 7 DE AGOSTO DE 1997 fue firmada en el Congreso la Ley 397, llamada Ley General de Cultura, que en su artículo 62 daba nacimiento al Ministerio de Cultura. No llegó allí sin polémica y se convirtió en el caballito de batalla del gobierno de Ernesto Samper quien hablaba del Ministerio como la herramienta para "conseguir la paz de Colombia". No menos de tres años de discusiones, editoriales, cartas de personalidades del mundo de la cultura como Gabriel García Márquez o Rafael Puyana rechazando enfáticamente su creación alegando que institucionalizar la cultura era una contradicción en términos, fueron el escenario de su nacimiento. Incluso los senadores Claudia Blum, Enrique Gómez Hurtado, Luis Guillermo Giraldo y Rodrigo Villalba dijeron que la declararían inexequible porque su aprobación violaba los trámites reglamentarios. En fin, Mincultura empezó con zancadillas que nunca podrían resolverse del todo.
Las palabras del entonces columnista Enrique Santos Calderón, contradictor desde que se expuso la idea por primera vez al inicio del gobierno Samper, escritas en El Tiempo el 22 de septiembre de 1994, resultarían proféticas años después de leídas: "La cultura por decreto nunca ha operado -decía en ese entonces- Seríamos, en fin, un país muy extraño si demostrara que inventar un nuevo ente burocrático es la única forma de garantizar que las entidades culturales finalmente funcionen; que la juventud acceda a la educación; que la política cultural se descentralice; que los grupos de teatro no tengan que mendigar; que los parques arqueológicos salgan de la ruina; el patrimonio cultural deje de ser saqueado, etc".
El temor de ese entonces era que se oficializara la cultura. Que empezaran a desfilar artistas con el discurso de la colombianidad bajo el brazo y que se volvieran políticamente correctos, cuando en realidad deberían ser contradictores por naturaleza. A pesar de que no pudo evitarse y aún hay quienes reclaman que el sombrero vueltiao sea declarado patrimonio nacional, no ha sido tan descarado como se lo temían los contradictores. No obstante, los conocedores dicen que el Ministerio es el ejemplo típico de una institución pobre, con una agenda amplísima, encargada de responsabilidades enormes y con pocos instrumentos a su alcance, ya sean presupuestarios o legales. Un caso concreto de su poca capacidad de acción tiene que ver con los temas de patrimonio ya sea material, oral e intangible o sumergido.
Lo que se palpa
En el caso del material, la gran cantidad de declaratorias de patrimonio originadas en el Congreso, por medio de las cuales se busca proteger una construcción aquí o un museo allá, sin que estén los recursos del caso, resulta siendo un problema. Por ello, más de uno se pregunta cuál es el poder de injerencia del Ministerio, porque no tiene con qué y no puede obligar a nadie a que cuide lo que tiene que cuidar. Su función se limita a recomendar y asesorar sin tener poder sancionatorio. Así, aquel que se niegue a mantener la fachada de una casa declarada como bien de interés cultural, alegando falta de recursos, bien puede dejarla caer y venderla para que allí se haga un parqueadero o un edificio.
Otro caso es el de la riqueza arqueológica, perdida en colecciones privadas dentro y fuera del país. "Hasta el año 2000, Colombia fue un país de comerciantes de patrimonio arqueológico", dice el abogado Gonzalo Castellanos, quien redactó las Leyes del ramo. Por ello, en 2002, el Ministerio de Cultura expidió el decreto 833 por medio del cual ninguna entidad pública, ni privada, puede adquirir objetos patrimoniales y se define el patrimonio como una propiedad de la nación, inembargable, inalienable e imprescriptible, para protegerlo contra terceros e impidiendo que pueda venderse, ser utilizado como prenda de pago, ni cambio de ningún tipo en ningún momento. Aunque la medida ha servido para recuperar numerosos objetos patrimoniales gracias a las diversas campañas que se han realizado, a los folletos y talleres dictados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, y la acción de las diversas entidades -Procuraduría, DIAN, Policía y Auditoría General-, para algunos expertos todavía está saliendo mucho del territorio nacional y deben encontrarse estrategias distintas a la sanción para evitar su fuga. "A mayor prohibición, mayor sofisticación en las técnicas para sacar el patrimonio", explica Margarita Reyes, coordinadora de patrimonio del Ministerio de Cultura.
