Agosto 4 de 2007
Pelea de toches
Denuncian irregularidades en contrato para la construcción del teleférico del Parque Nacional de Chicamocha.
LA NOCHE DEL VIERNES 6 de julio, el coronel (r) Hugo Aguilar Naranjo, gobernador de Santander, reaccionó indignado al enterarse de que el zar anticorrupción Rodrigo Lara, acababa de pedirle al procurador General, Edgardo Maya, que considerara la posibilidad de suspender la licitación para la construcción del teleférico para el Parque Nacional de Chicamocha, Panachi, por un valor de 33.995 millones de pesos. "A mi no me sacan de la cabeza que el senador Hugo Serrano se le metió a la oficina al zar y lo engañó para hacerlo escribir esta absurda solicitud", dijo el Gobernador.
En ese momento, el enfrentamiento entre Aguilar y Serrano era evidente. Desde su columna en el diario Vanguardia Liberal, el Senador fustigaba al Gobernador y preguntaba con ironía cuál era la distancia entre Panachi y Panachita, el nombre que le da a una finca que la suegra de Aguilar tiene en El Páramo y en la que, según él, el trapiche, la pesebrera y otras mejoras de la propiedad habrían sido hechas en forma gratuita por algunos de los contratistas de Panachi.
El Gobernador ha contraatacado en todos los escenarios, incluido un consejo comunitario, con el argumento de que sus detractores no le perdonan que haya liquidado en las urnas al gamonal que llevaba 35 años mandando la parada en Santander. "Apelan a la mentira y a la calumnia y olvidan que si no me torcí en la época en que me tocó dar de baja al bandido del Pablo Escobar, mucho menos ahora que he conseguido gobernar con obras a mi departamento", decía Aguilar. Y en cuanto al tema de la finca, asegura que Serrano miente: "Allí no trabajaron contratistas de la Gobernación y estoy dispuesto a mostrar los documentos que prueban que la finca provino de una herencia de la familia Barrera y que el progreso demostrado corresponde a un programa privado denominado Agroseguridad".
El mismo día en que Lara le dirigió la petición al Procurador, Aguilar envió a Bogotá a funcionarios con documentos para demostrar que la licitación era transparente y que no ponía en riesgo ni los 31.969 millones de pesos aportados por la Nación, de común acuerdo con el presidente Álvaro Uriibe, ni los 2.031 millones del fisco departamental.
Calma chicha
Días después, en una entrevista para el canal regional de televisión TRO, Lara aclaró que no había afirmado ni sugerido que existiera corrupción en el proceso y que sólo le había pedido a la Procuraduría General de la Nación que le hiciera seguimiento con criterio preventivo. El 18 de julio, el viceprocurador general, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, envió al Gobernador 15 observaciones sobre posibles problemas en el proyecto, pero no ordenó suspender la licitación.
El contrato fue adjudicado el 26 de julio al único proponente, una unión temporal conformada por la empresa francesa Pomagalski y las compañías colombianas Termotécnica, de Antioquia, e Ingsas, de Santander, que se comprometieron a iniciar obras el 16 de agosto y a terminarlas en un año. Será uno de los teleféricos más largos del mundo: recorrerá a 1.000 metros de altura el imponente cañón del Chicamocha e irá del parque hasta el río y de allí a la Mesa de los Santos. Podrá transportar 500 personas por hora en 40 cabinas, a una velocidad de cinco metros por segundo.
La adjudicación, sin embargo, no calmó la tempestad. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, uno de los socios gestores de la Fundación que dio vida al proyecto de Panachi, que será uno de los grandes atractivos turísticos del país, considera que el proceso de licitación estuvo plagado de vicios y que fue hecho a la medida del proponente que quedó sólo en la contienda. Con la Cámara han hecho causa común la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Fundación Participar, una de las ONG más influyentes del departamento. Todos coinciden en que hubo irregularidades (ver recuadro).
El secretario de Transporte e Infraestructura de Santander, Rafael Valero Cetina, afirma: "La obra se va a construir con las personas y empresas más especializadas que hay en el mundo en materia de construcción de teleféricos; aquí no vamos a improvisar".
Y el gobernador Aguilar defiende la licitación y dice que los que la han denunciado, y sobre todo la Cámara de Comercio de Bucaramanga, incluido su director Juan Camilo Montoya, han dejado de lado el "espíritu cívico, imparcial y proactivo" para tomar partido político y hacerle el juego a los intereses del senador Serrano. "Aquí no hay chanchullos como los que se hacían en el pasado, bajo la égida de los partidos tradicionales -dice-. Tampoco hay enriquecimientos ilícitos".
No es la primera vez que el Gobernador se enfrenta a la Cámara, muy crítica también de la administración por la adjudicación del chance a empresarios del Cesar, por el contrato para la provisión de kits escolares para estudiantes pobres y por el destino de más de 2.000 millones de pesos reservados para la compra de galletas con suplementos nutritivos para niños de estratos bajos. El choque parecía superado cuando, con el concurso de la Cámara, surgió la Fundación Panachi, pero la tozuda realidad demostró que no era así.
El contrato del teleférico para el Parque Nacional está por firmarse y Serrano anticipa que habrá demandas. Por eso, hoy por hoy, el teleférico podría estar pendiendo de un hilo.
POSIBLES IRREGULARIDADES
Entre las irregularidades denunciadas por el equipo de veedores de la Cámara de Comercio de Bucaramanga figuran las siguientes:
» La Gobernación fijó un plazo de sólo seis días para presentar las propuestas, que amplió luego a 15, cuando lo usual son 60 días.
» La licitación establecía un requisito que sólo cumplían los franceses: el proponente internacional debía estar inscrito en el Registros Único de Proponentes en la misma categoría de los colombianos y acreditar la construcción de por lo menos 10 teleféricos en los últimos 10 años.
» Ingsas & Cía. S.C.A, una de las firmas colombianas de la unión temporal, presentó estados financieros y un certificado de calidad de otra empresa.
» No todas las empresas de la unión certificaron la experiencia exigida en el pliego. Por ejemplo, Pomagalski mencionó proyectos ejecutados en varios países pero no presentó documentos que los certifiquen.
» Los diseños no son confiables técnicamente y no se sabe por qué la obra costará finalmente cerca de 34.000 millones de pesos y no los 28.912 millones de los que hablaba hace 10 meses el Gobernador.
» El contrato es "llave en mano" pero aún así el contratista impone condiciones, como que las partes tendrán que concertar "ajustes al contrato" para conservar el equilibrio económico en caso de que se detecten fallas geológicas. Temas como este significaron en el pasado descalabros tan grandes como el de la concesión a Commsa.
» Fue violada la condición según la cual, para efectos de la conversión de pesos a euros, el costo del contrato debía calcularse según la tasa de cambio del 19 de julio, día de la adjudicación. La unión temporal logró que corrieran la fecha para el 30 de julio.
LA UNIÓN SE DEFIENDE
Julián Eduardo Acosta, representante legal de la unión temporal que ganó la licitación de Panachi, asegura que fue un proceso limpio:
"Los reparos son sesgados, artificiales o francamente calumniosos, hay intereses políticos movidos por el senador Serrano".
"Las cuatro únicas empresas que construyen teleféricos en el mundo, como Doppelmayr y Leitner SpA, tuvieron oportunidad de conocer el proyecto y los estudios técnicos antes de la apertura de la licitación por la consultora Ecosign Europa".
"Esas compañías desistieron de licitar porque consideraron que financieramente no les resultaba rentable y que los franceses les llevaban una ventaja comparativa en el campo colombiano, pues ellos construyeron el Metrocable de Medellín y construirán un proyecto similar en Manizales".
¿ES LA MISMA EMPRESA?
Los veedores de la Cámara de Comercio pusieron el grito en el cielo cuando encontraron que la firma Ingsas & Cía. SCA., perteneciente a la unión temporal que construirá el teleférico, presentó unos estados financieros y un certificado de calidad ISO 9001:200, a nombre de Ingsa E.U. Al verificar en los registros de existencia y representación legal, vigentes en ambos casos, consideraron que se trataba de empresas distintas, con números de NIT también diferentes.
Creyeron entonces que se encontraban ante un caso de falsedad y llamaron públicamente la atención. En medio del zafarrancho que se armó, Julián Edgardo Acosta, su dueño, le dijo a CAMBIO que la empresa es la misma, sólo que sufrió una transformación. "Primero, Ingsas E.U. era una empresa unipersonal de mi propriedad. Luego, ingresaron como socios mi esposa y mis hijos y se transformó en una sociedad en comandita por acciones. Pero su know how, su tecnología y su capacidad siguen siendo las mismas", explicó.
Su versión fue apoyada por la empresa certificadora SGS, la empresa certificadora SGA, que explica que tras el cambio de razón social lo que se hizo fue producir una edición número de la certificación y anular la primera. Los órganos de control dirán quién tiene la razón.