Agosto 3 de 2007
La hora del General
CAMBIO revela qué le dijo el general (r) Jesús Arias Cabrales a la Fiscalía por el Palacio de Justicia.
"VARIOS AÑOS DESPUÉS de que un grupo de terroristas asaltara a sangre y fuego el Palacio de Justicia, los hombres que respondieron en cumplimiento de su misión constitucional están siendo privados de la libertad con base en imputaciones que, explotadas por los medios de comunicación, convierten el proceso en una justicia espectáculo mientras los responsables observan complacientes desde la tribuna y se constituyen en principales acusadores", dice una carta que 20 generales retirados le entregaron el pasado 31 de julio al Fiscal General, Mario Iguarán, al término de una reunión en la que le expresaron, además, su molestia por algunas investigaciones adelantas por su despacho y por declaraciones en torno a hechos como la muerte de 10 policías en Jamundí por miembros del Ejército y la eliminación de la Justicia Penal Militar.
La reapertura de la investigación por la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 que en el último año llevó a la captura de seis militares comprometidos con la desaparición de 11 personas, tiene a los generales con los pelos de punta, pues la Fiscalía está a punto de decidir la situación jurídica del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante de la XIII Brigada y quien dirigió el operativo militar, y evalúa la posibilidad de vincular al proceso al general Rafael Samudio Molina, entonces comandante del Ejército y quien hoy preside la Asociación de Oficiales en Retiro, Acore.
En las últimas semanas, el general (r) Arias Cabrales ha intentado convencer al fiscal del caso de que no tuvo responsabilidad alguna en la desaparición de las 11 personas que salieron vivas del Palacio, como está establecido gracias a testimonios y grabaciones de televisión de la época, pero sus explicaciones han sido calificadas como "excusas muy pobres".
Por ejemplo, en la declaración que rindió el 18 de julio, conocida por CAMBIO, el General (r) dice que no tuvo conocimiento total de la operación de rescate "porque el sistema interno de radios portátiles sufrió fallas por los sistemas de alimentación de energía, lo que originó que eventualmente estuviera suspendida la comunicación". Y aseguró, además, que sobre las personas retenidas sólo tuvo conocimiento de seis que no habían podido ser identificadas y que fueron puestas a órdenes de la XI Estación de la Policía, y dijo que habían sido liberadas el mismo día. "Me enteré de que algunos individuos que habían sido rescatados de las instalaciones del Palacio fueron enviados por el B-2 de la brigada, pero por no tener las condiciones para establecer su identidad fueron de inmediato remitidos a una estación de Policía para que allí definieran su identidad y sus posibles antecedentes".
Durante la diligencia, uno de los apoderados de los familiares de los desaparecidos, quiso conocer sobre las actividades del oficial como Inspector General de las Fuerzas Militares, cargo que ocupó días después de la toma del Palacio, y establecer si en el ejercicio del cargo había tenido oportunidad de investigar irregularidades o faltas de miembros de las Fuerzas Militares, y la respuesta los dejó desconcertados: "Siguiendo las directrices del comandante general de las Fuerzas Militares, mis funciones eran las de coordinar en los aspectos logísticos y de seguridad la visita de sus santidad Juan Pablo II, por lo tanto, dada la magnitud de la responsabilidad asignada, durante ese tiempo no tuve a mi cargo actividades de verificación de comisión de irregularidades por elementos de las Fuerzas Militares".
También fue interrogado sobre la existencia de un documento titulado Restringido caso táctico -la Fiscalía lo encontró a comienzos de este año durante una inspección en el Ministerio de Defensa- que advertía sobre una posible incursión del M-19 en el Palacio de Justicia, pero el General (r) dijo que no recordaba su existencia, como tampoco la de un telegrama firmado por el coronel Argemiro Cruz, de la División de Inteligencia del Ejército, fechada el 16 de octubre de 1985, que alertaba sobre lo mismo. "No recuerdo haber tenido conocimiento de ese documento -dijo Arias Cabrales-. Para esa fecha cumplí una comisión de visita al Batallón Colombia en el Sinaí y posteriormente tuve un período de vacaciones".
Conocedores del caso y abogados que representan a los familiares de los desaparecidos, sostienen que el general (r) Arias Cabrales ha querido evadir la responsabilidad como comandante de la operación del Palacio de Justicia. "Los comandantes de las unidades tácticas de la época aseguran que era él quien tomaba las decisiones -asegura uno de los abogados-. Pero tal parece que el General olvidó todo lo allí ocurrido, incluido los telegramas y documentos que eran repartidos entre los altos oficiales".
Arias tampoco reconoció la existencia de un lugar en la Escuela de Caballería, bajo su jurisdicción, conocido como "Coordinación reservado" y calificado así por el hoy detenido coronel (r) Plazas Vega durante una inspección de la Procuraduría el 4 de febrero de 1986, que según todas las evidencias, fue donde los militares torturaron a los 11 desaparecidos del Palacio.
En manos de la Fiscalía está hoy la suerte de Arias Cabrales, quien en 1990 fue destituido por petición de la Procuraduría, por violación del Derecho Internacional Humanitario. Pero la sanción fue anulada en 2001 por el Tribunal de Cundinamarca y cuatro años después el Consejo de Estado tumbó el decreto de destitución. Poco tiempo pudo respirar tranquilo el General, que hoy está dedicado a la academia. La Justicia de nuevo le pisa hoy los talones.