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El contrato fue adjudicado el 26 de julio al único proponente, una unión temporal conformada por la empresa francesa Pomagalski y las compañías colombianas Termotécnica, de Antioquia, e Ingsas, de Santander, que se comprometieron a iniciar obras el 16 de agosto y a terminarlas en un año. Será uno de los teleféricos más largos del mundo: recorrerá a 1.000 metros de altura el imponente cañón del Chicamocha e irá del parque hasta el río y de allí a la Mesa de los Santos. Podrá transportar 500 personas por hora en 40 cabinas, a una velocidad de cinco metros por segundo.
La adjudicación, sin embargo, no calmó la tempestad. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, uno de los socios gestores de la Fundación que dio vida al proyecto de Panachi, que será uno de los grandes atractivos turísticos del país, considera que el proceso de licitación estuvo plagado de vicios y que fue hecho a la medida del proponente que quedó sólo en la contienda. Con la Cámara han hecho causa común la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Fundación Participar, una de las ONG más influyentes del departamento. Todos coinciden en que hubo irregularidades (ver recuadro).
El secretario de Transporte e Infraestructura de Santander, Rafael Valero Cetina, afirma: "La obra se va a construir con las personas y empresas más especializadas que hay en el mundo en materia de construcción de teleféricos; aquí no vamos a improvisar".
Y el gobernador Aguilar defiende la licitación y dice que los que la han denunciado, y sobre todo la Cámara de Comercio de Bucaramanga, incluido su director Juan Camilo Montoya, han dejado de lado el "espíritu cívico, imparcial y proactivo" para tomar partido político y hacerle el juego a los intereses del senador Serrano. "Aquí no hay chanchullos como los que se hacían en el pasado, bajo la égida de los partidos tradicionales -dice-. Tampoco hay enriquecimientos ilícitos".
No es la primera vez que el Gobernador se enfrenta a la Cámara, muy crítica también de la administración por la adjudicación del chance a empresarios del Cesar, por el contrato para la provisión de kits escolares para estudiantes pobres y por el destino de más de 2.000 millones de pesos reservados para la compra de galletas con suplementos nutritivos para niños de estratos bajos. El choque parecía superado cuando, con el concurso de la Cámara, surgió la Fundación Panachi, pero la tozuda realidad demostró que no era así.