Ministerio que mucho aprieta...

En 2003, el Carnaval de Barranquilla fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Foto: Archivo Cambio

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Uno de los ejemplos más recurrentes es la exportación de cargamentos de réplicas precolombinas, que salen del país con el rótulo de artesanía y en donde algunos traficantes están colando piezas originales que pasan por una copia, y cuyas diferencias son difícilmente reconocibles. También está el caso de los híbridos, que son copias con fragmentos de originales. "El mercado nacional e internacional está lleno de tiestos recién envejecidos", dice Reyes. Ante esto, como la intención de Mincultura es recuperar el patrimonio que ha salido del país, se presenta el dilema de hasta qué punto vale la pena esforzarse tanto en la repatriación de objetos patrimoniales -que cuesta millones-, si algunas veces resultan siendo falsificaciones, o, sí son originales, por ser producto de guaquería, carecen de contexto y se convierten en elementos contemplativos. Para realizar esta clasificación se requieren, además, cuantiosos recursos en investigación, que no posee el Ministerio. 

En ese sentido, para Clara Isabel Botero, directora del Museo del Oro, aunque la gestión de Mincultura está bien encaminada, es necesario analizar la posibilidad de que instituciones públicas como el Banco de la República puedan readquirir objetos arqueológicos en riesgo de pérdida para el patrimonio arqueológico y para la sociedad colombianos, "porque son objetos  que, a pesar de la legislación que prohíbe su comercio, siguen saliendo del país y alimentando colecciones privadas por fuera". Para ella, casos especiales como un hallazgo ocasional de, por ejemplo, un campesino arando su tierra o el de coleccionistas de piezas que han protegido una colección por años, deberían poder salvaguardarse en una institución cuya misión es preservar, investigar y difundir el patrimonio. Porque, aunque la gente debe entregar los precolombinos al Icanh o registrarse como tenedor, la realidad de los hechos es que la gente no lo está haciendo lo suficiente, y en esos casos, prefiere venderlos por temor a que se los vayan a incautar. "Justamente el Museo del Oro se creó en 1939, para que no siguieran saliendo del país sus objetos patrimoniales", termina Botero.  

Lo que no se puede tocar

Y si esto es en el campo del patrimonio material, es decir el palpable, más difícil está la cosa por el lado de lo inmaterial, como las costumbres de los pueblos. "Me parece que el patrimonio oral e inmaterial está huérfano -dice la antropóloga María Victoria Uribe, ex directora del Icanh-, no tiene doliente, se lo han peloteado entre dirección de Patrimonio, el Icanh, la dirección de Fomento, y a fin de cuentas nadie se está responsabilizando de éste". Para ella, como para otros investigadores, esto representa un peligro ya que, desprotegidas, las tradiciones pueden perder el rumbo y tender a comercializarse o a ceder su administración a privados, cuando quien debería responsabilizarse de su protección es el Estado y las mismas comunidades si tuvieran claro que pueden beneficiarse del patrimonio sin explotarlo. "Hay que ser realistas -reitera Uribe- con el presupuesto risible del Ministerio es imposible mantener el patrimonio, pero debería llegarse a un punto medio en donde se involucre a la comunidad en la administración del bien, porque si no, termina excluida y la tradición corre el riesgo de desaparecer". 

El mismo Gonzalo Castellanos lo advierte. "Falta del todo diseñar un sistema de protección a la propiedad de conocimientos tradicionales y colectivos de las diferentes comunidades". Eso significa que si cualquier persona hoy quiere patentar el concepto de la confección de las molas, puede hacerlo y la comunidad que tradicionalmente las ha venido haciendo no se beneficiará de ello. 

Al fondo del mar

Y el patrimonio sumergido sigue siendo un dolor de cabeza sin regular. Los múltiples choques de los privados que quieren quedarse con una buena tajada y la propiedad de lo que encuentren en el fondo del mar, enfrentados a una ley que dice que cualquier cosa encontrada en aguas territoriales es propiedad de la nación, ha hecho infinito el debate. Porque no hay recursos para la explotación, algo que los empresarios privados ofrecen, pero a cambio de quedarse con él. Entretanto, la explotación ilícita continúa y no hay mucho que hacer para frenarla. "La solución es vincular de alguna manera a los privados -propone Castellanos- no para que se adueñen del patrimonio sumergido, pero sí podría hacerse una cesión de derechos de reproducción audiovisuales o crear las posibilidades para que puedan hacer un museo y exhibir las piezas, en fin soluciones intermedias hay, solo basta voluntad política".