Salidas de emergencia

La rebelión 'para' se urdió tras las rejas en la cárcel de Itagüí. Foto: Javier Agudelo / Cambio

(Página 1 de 4)

EL PASADO JUEVES al mediodía, el presidente Álvaro Uribe llamó por teléfono al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, con la intención de limar asperezas. La situación estaba tensa.

Días antes, el martes 24, los paramilitares recluidos en Itagüí habían anunciado que no seguirían entregando bienes y fosas comunes y que iban a suspender sus versiones ante los fiscales, porque la decisión de la Corte Suprema que le negó a un desmovilizado la posibilidad de ser procesado por sedición ponía en riesgo el proceso.  Y un día después, el Presidente salió al quite y dijo que insistiría en el tema de la sedición, tumbado por la Corte Constitucional de la Ley de Justicia y Paz por vicios de forma. Uribe dijo que era necesaria una ley que "o aplique el delito de sedición para poder resolver el problema de los 18.000 desmovilizados a quienes todavía no les ha cesado la acción, o dar la posibilidad de que, sin calificar el delito como político, también les cese la acción y se les reconozcan los beneficios a los que tienen derecho". Para Uribe -como para los jefes de las Auc-, el proceso quedaba malherido por la decisión de la Corte.

El pronunciamiento no fue bien recibido en la Corte, donde se habló de injerencia indebida del Ejecutivo, molestia que dejó plasmada la Sala Penal en un comunicado en el que advertía que quienes tienen "especiales responsabilidades con el país" debían proceder con prudencia para no crear la falsa sensación de que la Corte es un obstáculo para el proceso de paz porque no acepta que el delito común se convierta en delito político.

Así las cosas, la llamada de Uribe al presidente de la Corte el pasado jueves, demostraba que se daba por notificado. En ella, el Presidente le pidió a Valencia una reunión con los magistrados de la Corte para evitar un conflicto y emprender la búsqueda conjunta de una salida para salvar el proceso con los paramilitares sin violar la Constitución.

En el mismo momento en que Uribe y Valencia concertaban la reunión, fiscales y colaboradores de la Unidad de Justicia y Paz se reunían para definir qué hacer en caso de que los desmovilizados mantuvieran su decisión de no presentarse a las audiencias de versión libre y se negaran a confesar sus delitos.