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El senador Luis Alberto Gil enfrenta su primer apremio judicial. Foto: Milton Díaz / Cambio

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EN JULIO DE 2005, el senador Hugo Serrano se apartó de su tema favorito, el petróleo, y dedicó su columna en Vanguardia Liberal a denunciar que la campaña de Luis Alberto Gil, cabeza del movimiento Convergencia Ciudadana, recibía apoyo de los paramilitares. Serrano escribió que Gil -uno de sus principales contradictores- le sacaba provecho económico a sus relaciones non sanctas con el bloque central Bolívar y con la acusación tendió un manto de duda sobre el origen de los recursos de empresas de la salud a las que ha estado vinculado el controvertido dirigente.

Hoy, dos años después, la Corte Suprema de Justicia decidió averiguar qué hay de cierto en esas afirmaciones, sustentadas en pruebas aportadas por anónimos: documentos, fotografías y casetes que revelarían los nexos de Gil con grupos de las Auc que sembraron el terror en buena parte del nororiente colombiano. Los magistrados de la Sala Penal decidieron unánimemente abrir una indagación preliminar sobre el jefe de Convergencia y sobre otros tres parlamentarios santandereanos posiblemente involucrados en el mismo asunto: el senador Óscar Josué Reyes y los representantes a la Cámara Alfonso Riaño Castillo y José Manuel Herrera Cely .

Pero ahí no termina todo. Dos de sus colegas en el Capitolio podrían testificar contra Gil, pues durante la campaña de 2006 los senadores Piedad Córdoba y Germán Vargas aseguraron que éste les ofrecía dinero a otros congresistas para que adhirieran a su causa política. Cuestionamientos similares a los de Vargas y Córdoba llevaron al presidente Álvaro Uribe a pedir una investigación contra Gil, uno de sus aliados en la campaña  para la reelección. Durante los comicios de marzo de 2006 el parlamentario acogió en sus filas a otros dirigentes rechazados de listas uribistas, entre ellos Eleonora Pineda, también investigada por sus relaciones con las autodefensas. No obstante, con el correr de los meses el movimiento volvió a la coalición de Gobierno y de hecho fue determinante para el paso de diversas iniciativas en la legislatura pasada.

Del alcance que la Corte dé a las pruebas que está recaudando dependerá también que sean investigados los recursos de empresas en las que tienen intereses Gil y otros miembros de su cuerda política. Entre ellas están la administradora de riesgos profesionales y EPS Sol Salud, la Corporación Televisiva Ciudadana de Santander, la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio (Finsema).

A finales del año pasado el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, mencionó su nombre durante el primer debate de fondo sobre la parapolítica. En aquella ocasión, Gil replicó para referirse a Petro como "un resentido que no recuerda que en nuestra época del M-19 teníamos que darle hasta para el bus".