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EL JUEVES PASADO, cuando la Aerocivil comunicó oficialmente que no aceptaría las modificaciones propuestas a los diseños del Aeropuerto Eldorado en Bogotá, nadie se sorprendió. La decisión dejó en claro varias cosas. Primero que el proyecto del Aeropuerto seguirá tal y como se había establecido en la licitación. Segundo, que el diseño, hecho por Aeropuertos de París y que tuvo un costo de 1,3 millones de dólares, no tendrá mayores cambios. Tercero, que el actual Aeropuerto se derribará siempre y cuando no genere costos adicionales; y cuarto, que no habrá la más mínima modificación al proyecto original.
El episodio fue uno más de una larga historia. Hace casi un año, el consorcio colombo-suizo Operadora Aeroportuaria Internacional, Opain, ganó entre cinco oferentes la concesión para administrar, operar, mantener y explotar comercialmente el Aeropuerto Eldorado de Bogotá, el más importante de Colombia. El contrato señalaba que la concesión duraría 20 años y que en los primeros cinco el ganador invertiría 650 millones de dólares en las obras de adecuación. El convenio establecía que la Aeronáutica entregaría el Aeropuerto al concesionario el 19 de enero de 2007 y que el 20 de septiembre arrancarían las obras físicas, luego de que el Gobierno aprobara los diseños definitivos.
Pero el 19 de junio, Opain, al presentar su diseño, decidió modificar la propuesta original argumentando que la terminal se quedaría pequeña en un par de años y que la idea era hacer un proyecto moderno que se ajustara a las necesidades de tráfico proyectadas para Bogotá.
Opain señala que el Plan Maestro de la ciudad calculó el número de pasajeros internacionales en 4.290.000 para 2015, pero que ya esa cifra fue superada en 500.000. Además, argumenta que las obras previstas serían entonces insuficientes teniendo en cuenta los volúmenes anuales de pasajeros y propuso, en vez de remodelar el viejo edificio, construir uno nuevo y que la terminal de carga se traslade al costado occidental para evitar que la avenida de acceso al terminal colapse por la congestión con los vehículos de carga. "En todas las concesiones se pueden hacer cambios, lo importante es que no afecten el espíritu del acuerdo", dice Luis Fernando Jaramillo, gerente del consorcio.
Y aunque en teoría la propuesta de Opain estaría acorde con los desafíos de Bogotá en materia aeronáutica, en la práctica se trata de una idea que para el Gobierno no es viable técnica, financiera ni jurídicamente. La Aeronaútica dice que es claro que la más mínima modificación de los términos en que fue firmado el contrato podría generar una avalancha de demandas que le causaría verdaderos dolores de cabeza. El hecho de modificar el diseño original y trasladar el terminal de carga no estaba contemplado en la propuesta inicial y se entiende como una modificación que no aplicaría en forma legal. "Violentaría el contrato y abriría una puerta para confrontaciones jurídicas", dice Fernando Sanclemente, director de la entidad.
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