Mafia y política, nuevo aroma del aguardiante de Chocó

Mientras Estados Unidos solicitó en extradicción a Olmes Durán, él ha negado sus vínculos con el narcotráfico. Foto: Andrea Moreno / Cambio

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EL PRÓXIMO 11 de septiembre, cuando expire el apetecido contrato de venta y distribución de los productos de la Licorera del Chocó, no habrá que hacer ni invitaciones públicas ni licitaciones para saber quién se queda con el millonario negocio que mueve más de 12.000 millones de pesos al año. El Gobierno departamental -que se queda con sólo 3.600 millones por impuesto al consumo- pactó hace poco con el consorcio Chocó Pacífico S.A., que el contrato entregado en 1998 les será prorrogado hasta el 2016.

Hasta el momento, no hay mecanismos jurídicos que puedan deshacer ese pacto. No obstante, una charla telefónica entre Andrés Murillo, gerente de Chocó Pacífico S.A., y el narcotraficante Olmes Durán Ibargüen -pedido en extradición por Estados Unidos hace pocos días- podría poner en entredicho la particular prórroga.

La Alianza de Medios -equipo de investigación periodística surgido del esfuerzo conjunto de las revistas CAMBIO y Semana; de los diarios El Tiempo y El Espectador; de Andiarios y la agencia de noticias Colprensa- revela el contenido de una conversación interceptada por las autoridades que compromete al gerente de la licorera del Chocó, al Gobernador y a un congresista. El informe hace parte de una serie de reportajes que, desde hace dos semanas, viene publicando la Alianza sobre las licoreras departamentales.

El porcentaje

La cinta fue grabada por las autoridades el 8 de junio pasado, una semana antes de que Durán, conocido como El Doctor o El Señor del Pacífico fuera capturado en Cali por la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía. En la conversación, de 17 minutos de duración, el gerente de Chocó Pacífico le entrega a Durán un detallado informe sobre el manejo de los recursos de los licores, obligaciones bancarias y distribuciones de las comisiones pactadas, y se refiere al porcentaje que corresponde al Gobernador.

En medio de la espontaneidad del diálogo, Murillo le transmitió a Durán un mensaje enviado por el representante a la Cámara por Chocó, Édgar Ulises Torres, interesado en un porcentaje sobre el negocio. Según la investigación, el congresista no sólo habría sido uno de los gestores del contrato, sino además el puente para mantener en contacto a Durán con el gobernador Julio Ibargüen Mosquera, hoy investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, tras denuncias de CAMBIO y de la Alianza (ver La Prueba reina).

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