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"SERÁ MUY DIFÍCIL convencer a la Corte de que en Colombia hay un conflicto armado en el que es imposible ser neutral", les dijo el martes de la semana pasada el senador Miguel de la Espriella a sus compañeros de reclusión en La Picota, luego de anunciarles que ese mismo día renunciaría a su curul en el Congreso.
Según el Senador que prendió uno de los ventiladores que más han soplado en el proceso de la parapolítica, pues fue quien reveló la existencia del Pacto de Ralito, la Sala Penal de la Corte no había podido entender que quienes hacen política en regiones donde grupos irregulares sustituyeron de hecho a las autoridades estatales, se ven obligados a tener contactos con ellos y a hacer arreglos aun a costa de su propia vida.
Al asumir esa posición, De la Espriella les confirmó a sus colegas presos algo que buena parte de la opinión ya sabía: que él es uno de los abanderados de la estrategia para lograr que la Justicia les de a quienes están comprometidos en el proceso el tratamiento de delincuentes políticos y les cambie la calificación del delito de concierto para delinquir por el de sedición.
A la misma hora en la que el dirigente cordobés hacía su anuncio, Trino Luna Morón estaba en la Fiscalía en una audiencia especial en la que esperaba poder negociar una sentencia anticipada y sacar buenos dividendos. Ese día acababa de renunciar a la Gobernación del Magdalena y esperaba, ya sin fuero y por fuera de un eventual juicio ante la Corte Suprema, poder convencer a la Fiscalía y al nuevo juez del caso de hacer la negociación a partir del delito de sedición.
De la Espriella y Luna siguieron el sendero abierto por los ex senadores Álvaro Araújo Castro y Jairo Merlano, que fueron los primeros políticos investigados por supuestos vínculos con paramilitares que decidieron renunciar a sus curules para así salirse de la competencia de la Corte, juez de única instancia, y buscar dividendos judiciales en la Fiscalía que abre la posibilidad de una segunda instancia.