Pulso por el gas

La plata que reciba Bogotá por el gas será para los barrios vecinos al basurero. Foto: Felipe Caicedo / Cambio

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EL 8 DE JUNIO, cuando funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, UESP, iban a cerrar la licitación 007 de 2007 para la explotación y comercialización del gas metano producido por la basura del relleno Doña Juana -un proyecto financiado por los países miembros del Protocolo de Kyoto-, les llegó un oficio de la Personería que obligaba a suspenderla.

El personero distrital Herman Árias tomó la medida con base en dos argumentos. El primero, que el plazo del contrato, que es de 21 años, es demasiado largo y no coincide con la duración del Protocolo de Kyoto, que debe ser ratificado cada siete años. En caso de no ser ratificado, dejaría al contratista sin recibir pagos. El segundo, porque los proponentes no gestionaron una licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo para poder participar en la licitación.   

Los siete consorcios que aspiran a ganarse la licitación -firmas colombianas e internacionales certificadas por el Protocolo- no están de acuerdo con la medida. Sostienen que los términos de referencia de la convocatoria son los mismos que usa el Protocolo en otros países donde han puesto en marcha y sin mayores inconvenientes proyectos similares.

Por su parte, Luz Ángela Mondragón, subdirectora de UESP, afirma que las objeciones de Arias carecen de sustento. "El contrato no es de 21 años seguidos,  se dividirá en tres períodos de siete años -dice-. El Protocolo exige que se desarrolle en ese tiempo porque la basura es de lenta descomposición y sólo después de 10 años empieza a producir gas en las proporciones necesarias". Y agrega que, según la ley, no es necesaria una licencia ambiental para la explotación de gas.

Más allá de la decisión de la Personería, el rumor que circula entre los licitantes y los funcionaros de la UESP, es que se trata de una maniobra para tumbar la licitación y adjudicar directamente el contrato a Proactiva, la empresa que actualmente administra el relleno. No obstante que el ministro de Ambiente Juan Lozano advirtió que esto es inconveniente, el Personero asegura que no actuó para favorecer intereses particulares. "Estamos trabajando en pro de la transparencia en la contratación distrital", aseguró Arias.