Junio 16 de 2007
A las espaldas
Sin saberlo, 2.034 personas inscritas por Primero Colombia como jurados de votación en 2006 están ahora multados por no haberse presentado.
JOSÉ DEL CARMEN Montañez quedó sorprendido cuando recibió una carta de la Registraduría en la que le informaban que había sido sancionado por desacato. Según la comunicación, fechada el 2 de mayo de 2007, tenía cinco días para notificarse en la Registraduría Distrital y responder por no haberse presentado como jurado de votación en las elecciones presidenciales de 2006. Y casi se desmaya cuando le dijeron que debía pagar una multa de 816.000 pesos o, de lo contrario, sería reportado a las bases de datos como deudor moroso.
Montañez es una de las 2.405 personas que no se presentaron ese 28 de mayo de 2006 a cumplir con su deber como jurado de votación. "Nunca recibí una comunicación que me indicara que debía ser jurado -dice-. Ahora por cuenta de un partido político que no conozco, estoy en problemas y no sé cómo pagar esa deuda". Lo curioso es que del total de sancionados, 2.034 personas, es decir el 84,5%, fueron, como Montañez, postuladas como jurados por el movimiento Primero Colombia, dirigido por el ex asesor presidencial Fabio Echeverri Correa y que apoyaba a Álvaro Uribe.
Según la Ley Electoral, las entidades públicas y privadas, así como los partidos políticos, están obligados a enviar a la Registraduría un listado con posibles candidatos mayores de 18 años, que pueden ser elegidos jurados o testigos electorales. La Registraduría realiza un sorteo para escogerlos y comunica los resultados por Internet, por un número telefónico especial o por medio de listas que, en el caso de Bogotá, son hechas públicas en la Plaza de Bolívar. "Los ciudadanos deben averiguar si fueron seleccionados o no -explica la Registradora Distrital, Rosa Emma Alonso-. El desconocimiento no exonera del pago de la sanción".
El artículo 108 del Código Electoral indica que las únicas causales que exoneran de sanciones son los siguientes: enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo el día de las elecciones; muerte de alguna de las personas enumeradas anteriormente tres días antes de los comicios; no ser residente en el lugar donde fue asignado; ser menor de 18 años y haberse inscrito para votar en otro municipio. Así que no saber que fue elegido jurado de votación, no salva a los 2.405 sancionados de pagar la multa.
La papa caliente
No obstante, lo que sucedió con Primero Colombia es muy curioso. La mayoría de los sancionados asegura que nada tiene que ver con ese movimiento y que no sabían que figuraban en la lista de posibles jurados enviada a la Registraduría. Consideran que sus nombres fueron utilizados de mala fe y que no creen justo que deban pagar multa alguna. "Yo supe de la existencia de Primero Colombia por la notificación de la Registraduría -dice Hilda Martínez, otra de las sancionadas-. No conozco ese partido ni lo había oído nombrar".
Las razones por las cuales llegó el nombre de Martínez a la lista de Primero Colombia son un misterio. "No sé de dónde sacaron mi nombre y cédula. Nunca he asistido a una reunión de ellos", afirma Martínez. Carlos Julio Gaitán, gerente de Primero Colombia en Bogotá, reconoce que envió el listado a la Registraduría, pero asegura que desconoce cómo se consiguieron esos nombres. "Ese fue un listado duplicado del de 2002 -sostiene Gaitán-, que me fue entregado por la Dirección Nacional".
CAMBIO se comunicó con la Dirección Nacional y Miguel Peñalosa, coordinador de la campaña en el país, devolvió la pelota a la cancha del gerente en Bogotá: "Eso no estaba dentro de mis funciones. El listado lo entregó Gaitán a la Registraduría", hecho que demostró con documentos de la campaña. Manuel Castillo, responsable de la elaboración de los listados, confesó que en el caso de Bogotá sí se utilizó la misma base de datos de 2002, pero que se recomendó a la seccional de Bogotá que revisara cada uno de los 10.031 nombres enviados como posibles jurados de votación.
Por ahora y mientras los dirigentes de Primero Colombia se tiran la pelota y dicen que la Ley no obliga a notificarles a las personas su elección como jurados, lo cierto es que no hay norma que pueda salvar a los 2.034 sancionados que deben pagar cada uno 816.000 pesos de multa. "Legalmente no existe ningún asidero que nos permita reversar la decisión", concluye Rosa Alonso. Y todo porque, a sus espaldas, aparecieron en una lista de la que nadie logra dar razón.