Junio 1 de 2007
Aceite de 40
Documentos en poder de la Corte Suprema revelan que 'Jorge 40' pagó a fiscales por liberar a miembros de su organización.
EL PASADO 8 DE MARZO, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en Santa Marta para buscar pruebas contra congresistas hoy investigados por posibles vínculos con los paramilitares.
La inspección fue realizada por miembros del CTI de la Fiscalía que, en una finca de Jorge 40, encontraron un archivo con información sobre procesos judiciales contra militantes, sicarios, contactos y auxiliadores del Bloque Norte, y además documentos que revelan que el jefe paramilitar tenía un presupuesto asignado para sobornar a fiscales, jueces y testigos para que alteraran expedientes.
Entre la documentación encontrada en la propiedad del jefe paramilitar hay cartas, correos electrónicos y reportes de abogados a su servicio, que revelan detalles sobre más de 100 procesos y pagos que hicieron para que les abrieran las puertas de las cárceles a sindicados de homicidio, secuestro, extorsión y terrorismo en Barranquilla, Valledupar, Riohacha y Bogotá. También hay mensajes sobre casos en los cuales, para "honrar sus compromisos", los abogados recuperaron dinero o lo pagaron de su bolsillo porque los cambios de versión de los testigos o su suplantación no surtieron el efecto esperado. Y correos en los que celebran decisiones favorables tomadas sin necesidad de pagar un solo peso en sobornos.
Parte de la información compromete a los abogados Guillermo Rafael Luna Arroyo e Iván Otero en el manejo de cuantiosos pagos de "honorarios extras" para sacar de prisión a seis importantes miembros de la red del bloque norte en Santa Marta. Por ejemplo, en el caso de la liberación de Giovanni Pabón Cárdenas, sindicado de homicidio, fue necesario gratificar al funcionario que manejaba el proceso en la Fiscalía 33 de la seccional.
También hay documentos que aluden al "gran esfuerzo" que debieron hacer para impedir que a Roy Walter Santos Montenegro y a Orlando Gil Zuluaga les dictaran medida de aseguramiento por extorsión y concierto para delinquir agravado: "Se acomodaron las pruebas de los policiales que intervinieron en la captura -dice uno de los mensajes-. Como todo se hizo con la complacencia del instructor, también hubo que pagar honorarios extras. Se revocó la medida definitiva".
Uno de los agentes que participó en la diligencia para recuperar la reveladora documentación, asegura: "La descripción de los detalles sobre las operaciones de soborno es a la vez minuciosa y descarada".
Rendición de cuentas
La documentación en manos de la Corte también compromete a funcionarios del CTI en un episodio para liberar a cuatro pistoleros capturados en La Guajira: los abogados de Jorge 40 pagaron 15 millones de pesos y en un informe para rendirle cuentas, uno de ellos le dice al jefe paramilitar: "Como quiera que los señores El Pollo, Betty, Juan Hernández, citados como testigos, no pudieron ser localizados, fue necesario conseguir otras personas que los suplantaran. Esa sola operación costó cuatro millones: dos para los nuevos testigos y dos más para que el CTI cambiara un dictamen".
Tres millones adicionales habrían ido a parar a los bolsillos de un secretario de la fiscalía local de Fonseca donde alteraron las declaraciones de cuatro militares que intervinieron en la captura del sicario Dranner Cárdenas Molina, El Calvo. "Así mismo, se dieron dos millones más para el pago de la caución y otros emolumentos", dice el abogado en el documento que envía a Jorge 40. Y agrega: "Para el proceso número 24.074 utilizamos la suma de seis millones de pesos, discriminados así. Como quiera que los procesados fueron sorprendidos en flagrancia cuando intentaban quitarle la vida al señor César Efraín Riñere Vanegas, se hizo necesario conversar con el fiscal. La anterior operación trajo como resultado la libertad inmediata de los señores Yimmy Salas (alias El Calvo) y Ever Aroca (alias El Botón).
Los abogados del jefe paramilitar también mencionan el cobro de 10 millones de pesos que habría hecho una fiscalía especializada de Barranquilla para dejar libres a Hugo Alberto Leyva, Bernando Villa Rubio y Mario José Rodríguez Cervantes, detenidos dentro del proceso 165.685 por concierto para delinquir y extorsión, y una suma similar exigida por un fiscal de Soledad, Atlántico, para olvidarse de un homicidio cometido por Nelson Rafael Barraza Vásquez.
La encomienda
La Fiscalía deberá determinar a qué se refieren los abogados de Jorge 40 cuando le escriben que ya entregaron la "encomienda del señor Libardo" en los casos de Alex Manuel Hernández, Luis Terán Romero, Ronald Reyes Yépez, Eduard Manuel Oyola Vidal y Onnei Córdoba Córdoba, confinados en La Modelo de Bogotá.
CAMBIO habló con los abogados Guillermo Rafael Luna Arroyo e Iván Botero, los dos únicos mencionados con nombre propio en los documentos que hacen parte de la historia de sobornos y corrupción que compromete a Jorge 40 y algunos funcionarios judiciales. Luna se limitó a decir: "Nadie podrá violarme nunca el sigilo profesional con el que he manejado miles de casos en mi carrera profesional". Y en cuanto a Otero, reconoció haber coordinado un equipo de abogados para asesorar a sindicados de paramilitarismo en Magdalena y Cesar, pero pidió que le dieran unas horas para examinar sus archivos antes de responder las preguntas de CAMBIO. Sin embargo, no volvió a contestar llamadas hechas a su celular y a su oficina en Valledupar.
La Directora Nacional de Fiscalías, Alicia Ledesma, se declaró sorprendida y preocupada por la información que compromete a miembros de fiscalías regionales y ordenó revisar con lupa los procesos que adelantan y que están bajo sospecha (ver recuadro).
La funcionaria le dijo a CAMBIO que no sabe si la Corte Suprema ha enviado copias a la Fiscalía del informe que hace parte de la investigación que adelanta a congresistas por supuestos vínculos con paramilitares y aseguró que investigará cada caso. Sin embargo, advirtió: "Mientras no haya una verificación a fondo, no podemos dar por hecho que lo que dicen esos papeles es cierto".
No obstante, una fuente de la Corte sostiene que la información no debería ser nueva para la Fiscalía, porque la memoria sobre los posibles sobornos pagados a fiscales y jueces fue encontrada en una inspección hecha el 8 de marzo por magistrados auxiliares del proceso 72.605 a cargo de la fiscalía quinta especializada de Santa Marta, que fue la que, durante un allanamiento a una finca de Jorge 40 a comienzo del año, encontró documentos, videos, grabaciones, órdenes de combate y "diarios de guerra" del jefe del bloque norte.
La documentación está en manos de la Corte Suprema de Justicia porque fue encontrada junto con otras pruebas que hoy forman parte de las investigaciones a congresistas detenidos en La Picota. Cuando concluya la investigación que prometió la Directora Nacional de Fiscalías, podría darse la paradoja de que el organismo investigador que hasta ahora se ha dedicado a mirar la paja en el ojo ajeno, tenga que mirar la viga en el propio ojo.
PROCESOS BAJO LA LUPA
A continuación, los procesos en los que, según los abogados de Jorge 40, pagaron de sobornos: Contra Nelson Rafael Barraza Vásquez. Fiscalía primera de Soledad, Atlántico. Radicado: 4.474. Delito: homicidio.
Contra Manuel Batista González. Fiscal 32 de la seccional de Barranquilla, Unidad de Vida. Radicado: 178.572. Delito: homicidio. Otro en la fiscalía tercera especializada de Barranquilla. Radicado 165.193. Delito: homicidio.
Contra Héctor Manuel Bonet Martínez, Jorge Ignacio Cataño y Juan Quintero Zuluaga. Fiscalía tercera especializada de Barranquilla. Radicado: 170.145. Delito: extorsión.
Contra Hugo Alberto Leiva, Bernardo Villa Rubio y Mario José Rodríguez Cervantes. Fiscalía quinta especializada de Barranquilla. Radicado: 165.685. Delito: concierto para delinquir y extorsión.
Contra Lisandro Eliécer Cervantes Locardo (a. Paco), John Jairo Calero Carracedo (a. El Zorrillo). Radicado: 441-23.791, La Guajira. Delito: concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.
Contra Dranner Cárdenas Molina (.a El Calvo). Radicado: 21.662, Guajira. Delitos: concierto para delinquir y porte de arma de fuego.
Contra Yimy Salas (a. El Canario) y Ever Aroca (a. El Botón). Radicado: 24.074, Guajira. Delito: tentativa de homicidio.
Contra Giovanny Pabón Cárdenas. Fiscalía 33 seccional de Santa Marta. No hay información sobre radicado. Delito: homicidio.
Contra Roy Walter Santos Montenegro y Orlando Gil Zuluaga. No hay datos sobre despacho y radicado. Delitos: extorsión y concierto para delinquir agravado.
Hernando García Alturo. Santa Marta. No hay información sobre despacho ni radicado. Delito: homicidio.
Giovanni Sandoval y Wolfran Cervantes García. El documento dice que cuando se efectuó el pago estaban en la cárcel de Ciénaga, Magdalena. Delito: homicidio.
Contra Faidel Arévalo, Néstor Solano, Ofir Guzmán, Milton Zapata, David Salazar e Iris Martínez. Valledupar. Delito: concierto para delinquir.
Walter Pájaro. Valledupar. El documento dice que hicieron dos pagos para conseguir su libertad: uno en un proceso por homicidio y el otro por concierto.
EN CIFRAS
104 PROCESOS judiciales tenía monitoreados el jefe paramilitar Jorge 40 hasta el día de su desmovilización.
116 DETENIDOS del bloque norte de las Auc se jugaban su suerte en esos procesos.
20 VISITAS realizaron a Cómbita sus abogados para verificar si había 'paras' extraditables.