Junio 1 de 2007

Tire y afloje

En medio de la polémica por menores en las protestas, continúa la pugna por los recursos de la educación.

A LAS 4:00 P.M. del miércoles pasado, cuando en Bogotá la gigantesca marcha de protesta de estudiantes y profesores de universidades y colegios públicos empezó a disiparse con ayuda de la lluvia, Policía y autoridades respiraron con alivio pues, salvo un incidente con estudiantes de la universidad Distrital, no hubo hechos qué lamentar.

Los 4.000 hombres desplegados para contener un plan que, según información de inteligencia, iban a poner en marcha las milicias urbanas de las Farc, apoyadas por grupos universitarios clandestinos, no tuvieron que enfrentar situaciones graves. En forma relativamente tranquila y en medio de arengas contra el Gobierno, avanzaron por las calles los manifestantes  -100.000 según la Alcaldía y 280.000, según los organizadores-.

Los grupos radicales que suelen participar en las protestas se mezclaron con estudiantes y profesores y no se vieron  armas o capuchas, ni hubo policías y estudiantes heridos o almacenes destrozados, como ocurrió el 1 de mayo y el día en que el presidente Bush llegó a la capital.

Sin embargo, hubo una nota amarga: la participación de menores en la marcha lanzando arengas que, según personas que los interrogaron en las calles, no sabían qué significaban. Esto generó la protesta de mucha gente que llamó a la emisoras de radio y escribió cartas a las redacciones de los periódicos, y que llevó al Concejo de Bogotá a proponer un proyecto de acuerdo que prohíba la participación de menores en este tipo de actos.

La marcha del miércoles fue una más de las que desde mediados del año pasado vienen realizando estudiantes y maestros para protestar contra el proyecto de reforma de las transferencias que, dicen ellos, disminuye los recursos destinados a educación y abona el terreno para la privatización de las universidades públicas, y cuyas consecuencias han sido la cancelación del semestre académico en la Universidad Nacional,
-algo que no ocurría desde 2.001-, el cierre de la Universidad Pedagógica, y la toma por parte de los alumnos de 36 colegios distritales, dos de los cuales han tenido que ser desalojados por la fuerza.

El pulso

Según la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, la promesa del Gobierno de aumentar el porcentaje de recursos destinados a la educación en el proyecto de transferencias, que pasaría de 2,5 a 6%, es un engaño. "Si bien es cierto que eso va a ocurrir,  en el mismo proyecto de reforma está estipulado que los recursos girados como transferencias, que hoy representan el 40%  del ingreso corriente de la Nación, irán reduciéndose hasta llegar a ser solo un 23% en 2016 -dice un representante de Fecode-. La educación pública resultará seriamente  afectada con este cambio, pues la mitad de las transferencias se destinan a financiarla".

El Gobierno, sin embargo, insiste en que esta apreciación es equivocada,  porque la realidad es que el presupuesto para educación crecerá más del doble hasta 2016. "Hay una mala información generalizada -asegura Carolina Rentería, directora del Planeación Nacional-. Lo que propone el proyecto es aumentar los recursos de la educación de nueve a 17 billones al año y mientras la economía siga creciendo a este ritmo esta cifra está garantizada".  

Fecode dice que la promesa del Gobierno no es suficiente, que nada garantiza que la economía no se desplome y que si esto sucede podría llevar a las universidades al cierre. Tal vez para bajar la temperatura del debate, el Gobierno aprobó recursos adicionales para la educación, pero universidades y colegios continuarán cerrados hasta nueva orden. Estudiantes y profesores prometen no dar tregua y el Gobierno no piensa dar marcha atrás. Mientras tanto, la paradoja es que los estudiantes son los más perjudicados, pues finalmente se quedaron sin clase.

USO DE MENORES 

En las marchas de este año en Bogotá, las autoridades han descubierto que los menores son utilizados por grupos de agitadores para iniciar los enfrentamientos contra la Policía porque  no pueden ser judicializados. "En los disturbios del 1 de mayo,  a varios  menores  les pagaron 50.000 pesos para que armaran pelea con la Policía", le dijo a CAMBIO un investigador de la entidad. Estudiantes consultados aseguran que muchos alumnos  de primero y segundo semestre, menores, son reclutados por grupos de izquierda clandestinos que operan en las universidades Nacional, Pedagógica, Javeriana  y Distrital. "Van a las marchas solo a pelear, sin tener idea de por qué  protestan".

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